Termina la vista oral del procesamiento contra Giana Gomes y Ugío Caamanho en la Audiencia Nacional

La última sesión oral del juicio a los independentistas gallegos Ugío Caamaño y Giana Gomes celebrada ayer en la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en Madrid ha deparado un giro que en la primera vista se presumía inesperado. El ministerio fiscal basó su intervención en relacionar la colocación del artefacto explosivo el 23 de julio de 2005 con un movimiento más amplio del panorama del “independentismo más radical y subversivo”, como llegó a declarar uno de los testigos presentados por la fiscal Rodríguez. El abogado de Ugío, Endika Zulueta, que llevó el peso de la defensa de ambos, intentó, en una larga intervención, desmontar todos los argumentos que darían calificación de acto terrorista a la colocación del artefacto explosivo en el cajero de la central de Caixa Galicia en Santiago de Compostela.

Se produjo entonces una discusión jurídica entre las partes. La labor de la fiscal consistía en convencer al tribunal de que se trataba de un delito de “estragos”. Y la de la defensa, en demostrar que consistía un delito de “daños”. Como nos explicaba en un momento de descanso el letrado Endika Zulueta, la clave radica en que el delito de estragos conlleva un tipo penal terrorista, y puede tener como consecuencia una pena de cárcel de diez a veinte años, “excesiva para este caso”. La fiscalía lo reconoció en su declaración. Pero además de afirmarse en la pena, ofreció también una “alternativa”, de tres años, por un delito de “daños” dejando en manos del tribunal la decisión por una u otra.

El abogado expuso sus argumentos y pidió para Ugío, que reconoció en la sesión del lunes haber colocado el artefacto, una pena de dos años y una multa de ocho meses con una cuota diaria de seis euros. El letrado afirmó que estaban siendo juzgados por un delito terrorista, pero eso “entraba en contradicción a no haberle considerado autor de ningún delito, ni de pertenencia, ni de terrorismo individual”. Por ello declaraba el delito como de “daño”, y por no cumplir las exigencias que la ley antiterrorista determina, como “grandes destrozos”, “necesario peligro para la vida de las personas”, o haber estado localizado en un lugar público. En este punto, Zulueta afirmó que el cajero de la entidad bancaria era un lugar de dominio privado, pero de acceso público.

La defensa de Giana fue más allá, y pidió para ella la absolución, “al no haber sido probada de ninguna manera que su defendida participara en los hechos”, por la “gran cantidad de contradicciones que presentaban los testimonios de los testigos”, como también por la “incompatibilidad para realizar algunas de las investigaciones por individuos sin cualificación”. Se refería al análisis de huellas no realizadas por “expertos competentes” y la realización de una traducción de un texto de unas supuestas “autocríticas” presuntamente escritas por los acusados según la fiscalía. Un texto en el que supuestamente los detenidos detallan las horas previas y posteriores a la “puesta del artefacto”, que fue leído en castellano por la secretaria y que había sido traducido por un guardia civil que tenía “un curso de perfección de gallego”, en lugar de un traductor. El texto había sido guardado en un ordenador y no se conoce el autor material del mismo ni su origen, “más allá de una fotocopia de fax”. Asimismo, para la defensa, la fiscalía no había sido capaz de presentar en el juicio, entre otros, ningún análisis dactilográfico eficaz que inculpara a Giana en el supuesto robo de un coche presuntamente junto a Ugío Caamaño.

Manolo Caamanho Anhom, padre de Ugío, se manifestaba satisfecho por la actuación de los abogados, esperando una sentencia favorable para los detenidos, “y que vuelvan a casa, que es donde tienen que estar”. Agradeció también el apoyo de todos los hombres y mujeres, centros sociales y asociaciones que han estado con ellos, y pide que la juventud tenga la suficiente libertad para trabajar culturalmente en la defensa del país.

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