Privatización de la sanidad madrileña: Se demuestra en otros países que los hospitales privatizados son un fracaso para la población

Es evidente que van ganando terreno las políticas neoliberales defendidas por EEUU y sus lacayos, que se imponen a través de instituciones internacionales como la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Dentro de esta estrategia neoliberal, los políticos enmascaran las transformaciones privatizadoras presentando como un proceso de "inevitable modernización" lo que, en realidad, siguen siendo las prácticas habituales del capital.

Las grandes empresas sanitarias norteamericanas ven caer día a día sus beneficios, y necesitan desesperadamente encontrar nuevos mercados. Esa es la razón por la que llevan años orientando su estrategia privatizadora hacia países como Gran Bretaña, con el único objetivo de instalar su modelo de atención sanitaria en Europa. La experiencia demuestra que este tipo de sistema sanitario está teniendo efectos desastrosos sobre la población: en EEUU, 18.000 personas mueren anualmente de forma prematura por no poder pagar un seguro médico que cubra su atención sanitaria; cada 30 segundos, un estadounidense se arruina al no poder pagar un tratamiento médico eficaz; 100 millones de ciudadanos están infra-asegurados, y otros 29 millones, seriamente endeudados por no poder pagar su seguro sanitario (1).

Uno de los modelos actualmente más utilizados por los gobiernos para privatizar los servicios públicos es el denominado modelo PPP ó PFI [Colaboración entre el sector público y privado para proporcionar servicios, es decir, una privatización disfrazada], que se está aplicando en varios países de nuestro entorno desde hace unos diez años, y que está teniendo consecuencias nefastas para la población. En el sector sanitario, este modelo ha provocado importantes escándalos económicos como: diferencias abismales entre los presupuestos iniciales y los costes finale de las infraestructuras hospitalarias, fracaso de proyectos PFI que han tenido que ser "rescatados" por la administración, pérdida de control por parte de los políticos sobre la sanidad pública al prevalecer los intereses de las empresas privadas, cierre de servicios y recortes de presupuestos clínicos, etc.

CANADÁ

La ley denominada "Canada Health Act" implica que las provincias que reciben fondos para sanidad han de cumplir unos criterios muy estrictos a la hora de proporcionar un servicio sanitario a los ciudadanos. Dicha normativa afecta claramente al desarrollo de los proyectos PFI (en Canadá más conocidos como PPP) ya que, para su aplicación, hace una clara distinción entre "servicios clínicos" y "servicios no clínicos" (mantenimiento, alimentación , determinados servicios tecnológicos, etc.).

Los proyectos PPP que destacan en el ámbito de la sanidad son la construcción, diseño y gestión de todos los servicios no médicos en los centros del Royal Ottawa Health Care Group y en el William Osler Health Centre (ambos en Ontario), la infraestructura tecnológica de los Hospitales de La Salle y Verdun (Québec) o la construcción, financiación y explotación del Devonshire Care Centre (Alberta). En British Columbia están en desarrollo el Abbotsford Regional Hospital and Cancer Centre y el Academic Ambulatory Care Centre. En junio de 2004, la provincia de Alberta puso en funcionamiento el South Clagary Health Region, su primer proyecto PPP en sanidad.

British Columbia aprobó, en 2003, el "BC Health and Social Services Delivery Improvement Act", ley que pretende flexibilizar la gestión de los centros médicos de la provincia, y facilitar la utilización de fórmulas como los PPP. Esta ley permite tres posibilidades a los gestores de los centros sanitarios:

- Subcontratar servicios no clínicos, como mantenimiento o limpieza.

- Reorganizar servicios mediante la transferencia de trabajadores dentro de un mismo centro o bien a otros centros diferentes, en un radio de 50 kilómetros

- Ignorar ciertas cláusulas contractuales de seguridad en el empleo.

Adicionalmente, en noviembre de 2003 el Gobierno de British Columbia aprobó el "Health Sector Partnerships Agreement Act", que permite que los gestores de los centros sanitarios vulneren los convenios colectivos firmados con los sindicatos para la contratación de servicios no clínicos.

La aplicación de estas medidas ha provocado, sólo en la provincia de British Columbia, el despido de unas 8.500 personas (fundamentalmente, personal no sanitario) de los 40.000 trabajadores del Servicio Provincial de Salud, puestos de trabajo que han pasado a depender de subcontratas privadas.

En Canadá, el debate es especialmente delicado cuando afecta a su sistema sanitario, 100% público, y del que los canadienses se sienten muy orgullosos por su accesibilidad y carácter universal, al contrario de lo que sucede con el modelo de su país vecino: Estados Unidos. Este dato es importante para entender el concepto canadiense de servicio público y el hecho de que los sindicatos de trabajadores del sector sanitario hayan hecho de la sanidad el principal campo de batalla en la lucha contra los PPP.

Los principales sindicatos canadienses están llevando a cabo una importante campaña para terminar con los PPP dando a conocer estudios contrastados que demuestran, entre otras cosas:

- que los gobiernos prefieren los PPP porque les permite dejar fuera del balance general los costes de las nuevas infraestructuras y engañar a los ciudadanos demostrando que han cumplido presupuestos (NUPGE)

- que los PPP son iniciativas que conducen a que el sector privado se convierta en protagonista absoluto de la prestación de servicios públicos, y forman parte de una corriente neo-conservadora que defiende la privatización de todos los servicios públicos (CUPE)

- que esta fórmula está siendo promovida por un grupo de poder compuesto por compañías financieras y empresas privadas de servicios, y que sus consecuencias para el sistema sanitario son: recorte en el número de camas, reducción de presupuesto y accesibilidad restringida; mientras tanto, los ciudadanos pagan pingües beneficios al sector privado además de sus impuestos (OHC).

Ante las campañas publicitarias financiadas por las compañías multinacionales norteamericanas que son quienes están consiguiendo los contratos PPP, los colectivos anti-privatización encargaron varias encuestas de opinión que arrojaron los siguientes resultados:

- El 84% de los canadienses considera que los servicios públicos deben llevarlos a cabo trabajadores del sector público.

- El 75% de los canadienses considera que Canadá debería reconstruir infraestructura públicas como hospitales, escuelas, carreteras y canales mediante inversión pública directa, y no a través de asociaciones con empresas privadas.

- El 64% de los canadienses considera que el sistema sanitario debe excluir empresas con ánimo de lucro y depender únicamente de proveedores de servicios sanitarios públicos y sin ánimo de lucro.

Un importante punto de inflexión en el debate se produjo como consecuencia del conflicto entre el gobierno de Ontario y la concesionaria de la autopista 407 (2).

En prácticamente todas las localidades en las que los gobiernos regionales plantean la construcción de hospitales PFI/PPP, los trabajadores y usuarios se organizan en "coaliciones locales" e inician campañas informativas y movilizaciones que terminan con la celebración de un referéndum público que, invariablemente, gana el sector anti-privatizador por porcentajes superiores al 95 % (Bahia Norte, noviembre 2005; Woodstock, noviembre 2005; Hamilton, diciembre 2005, ....).

El debate PPP/PFI ha sido posible, entre otras razones, por los importantes estudios presentados por las diferentes coaliciones anti-privatización. Así, cuando se proyectó el hospital de Brampton, y aunque las autoridades regionales intentaron evitar el debate, economistas canadienses demostraron que si se construía según el modelo PFI, iba a costar 175 millones de dólares más que si se hiciera mediante el sistema público (3).

En la Columbia Británica, un informe oficial demostró que los gastos del hospital de Abbotsford se habían duplicado con respecto a las previsiones presupuestarias. La autoridad sanitaria regional de Calgary canceló la construcción de un hospital en dicha localidad ante la alarma social desatada y, finalmente, fue construido con fondos públicos.

GRAN BRETAÑA

En Gran Bretaña, el partido conservador inició el proceso privatizador de la sanidad con la retirada del sistema público (SNS) de los tratamientos de larga duración, cerrando hospitales públicos para pacientes crónicos y centros de salud mental; paralelamente, se potenció el crecimiento del sector privado sanitario que daba cobertura a este tipo de servicios.

De esta manera, si en 1979 el porcentaje de personas atendidas por el sector privado era del 16 %, en 2003 ya alcanzaba el 69 %; esto hizo que la atención socio-sanitaria a los ancianos se convirtiera en uno de los sectores con mayor desigualdad social.

En 1990, la "Ley de Cuidados de la Comunidad’ permitió que la Administración dejara de lado su responsabilidad social y la transfiriera al sector privado al mismo tiempo que seguía aumentando el porcentaje de población dependiente (en 2004, datos oficiales indicaban que 5,7 millones de personas proporcionaban en sus domicilios atención no remunerada a familiares dependientes, durante más de 50 horas semanales).

La experiencia británica en el modelo PFI se inició con los conservadores en 1992, cuando planificaron 6 hospitales por valor de 300 millones de libras y fueron muy criticados por los laboristas en el Parlamento británico. Sin embargo y paradójicamente, cuando realmente se extiende este modelo es cuando llegan los laboristas al poder en 1997, aprueban un proyecto de construcción de 100 nuevos hospitales PFI, y van cerrando al mismo tiempo hospitales públicos. De hecho, antes de 2007, el Tesoro Público británico va a transferir a las empresas concesionarias alrededor de 4.500 millones de libras anuales. Ya en 2005, el 85% de toda la inversión pública sanitaria se dedicaba a pagos destinados a los proyectos PFI.

Una de las razones esgrimidas por los laboristas era el "value for money" (relación coste/beneficio), que defendía que el precio de dicho modelo a pagar por el erario público era menor. Sin embargo los costes reales de los primeros 14 hospitales PFI se incrementaron una media del 72 % respecto al presupuesto inicial (Greenwich: de 35 a 93 millones de libras; UCLH Londres: de 115 a 404 millones; Leicester: de 150 a 286 millones; Tees: de 65 a 122 millones; Swindon: de 45 a 96 millones). Las inversiones para construir los hospitales de North Durham, Carlisle y Worcester incrementaron cerca del 29 % el presupuesto total inicial.

La apertura de nuevos centros, lejos de incrementar la oferta de camas, ha producido el efecto contrario: la realidad ha demostrado que, por cada hospital PFI que se inaugura, se cierran dos o tres hospitales tradicionales, y se pierden camas en el cómputo total (de 1997 a 2005, se han perdido 13.000 camas, sólo en Inglaterra).

Otro de los aspectos que ha generado alarma social entre los usuarios ha sido el despilfarro económico que este modelo está generando. Las autoridades sanitarias británicas se han visto obligadas a reconocer que, para la construcción de los 18 primeros hospitales PFI, han tenido que destinar 53 millones de libras extra para gastos de asesoría y burocracia: 24 millones en abogados, 16 millones en contables, 12 millones en asesores, etc.

Por otra parte, la pérdida de beneficios adicionales, derivados de los negocios colaterales que las empresas privadas están realizando (construcción de viviendas en terrenos céntricos de los hospitales que se cierran, explotación de los aparcamientos, tiendas, restaurantes, de los nuevos hospitales, ...), operaciones realizadas en suelo público y que podían haber significado una fuente de ingresos para el sector público en vez de beneficios para los inversores privados, y que, hoy por hoy, representan un aluvión de dinero extra para los concesionarios (un ejemplo, en el hospital de Cardiff, las multas en el aparcamiento llegan hasta las 25 libras).

Incluso se ha llegado a intentar utilizar funcionarios en centros privados; en abril de 2000, la Asamblea de Gales se vio obligada a intervenir para bloquear los planes que pretendían trasladar personal de enfermería del hospital de propiedad pública de Glan Clwyd, en Rhyl (País de Gales), al centro privado de Fresenius.

AUSTRALIA

En Australia, a finales de los noventa, los gobiernos conservadores iniciaron la planificación de hospitales modelo PFI. Diferentes grupos sociales y sindicatos, alertados por las informaciones procedentes de Gran Bretaña, constituyeron grupos de presión para denunciar el proceso privatizador puesto en marcha y lograron generar un cierto debate en los medios de comunicación.

Ya en el año 2000, el gobierno regional de Victoria tuvo que recuperar el hospital de La Trobe después de haberlo adjudicado a la empresa privada AHP porque las pérdidas económicas que generó su gestión no permitían garantizar el mantenimiento de los servicios hospitalarios y amenazaban con dejar sin asistencia sanitaria a la población de la zona.

En el caso del hospital de Modbury, el gobierno australiano tuvo que rescatar la concesión e incrementar a continuación los pagos al contratista, ya que la concesionaria amenazaba con incumplir las cláusulas del contrato y dejar a la población sin atención sanitaria.

En la región de Queensland, el hospital St. Vincent (500 empleados, 150 camas públicas, 50 camas privadas) fue uno de los primeros proyectos PPP/PFI. Se adjudicó al mayor proveedor de servicios privados sanitarios de Australia, por un total 48 millones de dólares; pero, en junio de 2002, la empresa anunció quiebra económica por pérdidas por valor de 10 millones de dólares, lo que obligó al gobierno australiano a recuperar el hospital.

Hospital Macquarie (nueva Gales del Sur). Fue la primera privatización de un hospital público, en 1996. Una empresa privada (Mayne Nickless) construyó el hospital con el compromiso de gestionarlo durante 20 años, al cabo de los cuales el hospital pasaría a ser definitivamente propiedad privada. El hospital disponía de camas públicas y camas privadas. El proyecto se cerró a pesar de la oposición de la población. A los dos años de funcionamiento, surgió un conflicto entre el gobierno y la empresa privada, que exigía un incremento de 3 millones de dólares en base a un incremento anual de 1.800 admisiones, y amenazaba con llevar el asunto a los juzgados. El gobierno transigió y pagó, pero los detalles de la operación siguen siendo secretos. Otros hospitales públicos con el mismo problema de incremento de admisiones nunca consiguieron un acuerdo similar. Respecto a la calidad del hospital, según los indicadores del departamento de salud de Nueva Gales del Sur, era uno de los peores. A partir de 1999 la situación económica empeoró, la empresa comenzó a reducir personal y salarios, fundamentalmente los de enfermería (alrededor del 15 % menos) y, lógicamente, los servicios se deterioraron. Los ciudadanos exigieron al gobierno que comprara el hospital y éste se vio obligado a rescatarlo en 2005.

ESPAÑA

La construcción de varios hospitales con este modelo de concesión sanitaria se encuentran en diferentes fases de ejecución. En unos casos se trata de cierre de centros públicos para su apertura como privados (Puerta de Hierro en Madrid, General Yagüe en Burgos, Son Dureta en Mallorca) y, en otros, de la apertura de nuevos centros privados: Pais Valenciano (Denia, Villajoyosa, Torrevieja, Manises, Elche, Horta, Lliria, Gandía, etc.); Madrid (Aranjuez, Arganda, Coslada, Parla, San Sebastian de los Reyes, Valdemoro, Vallecas), Canarias (Lanzarote) y Mar Menor (Murcia).

El único hospital modelo PFI funcionando actualmente, y del que se pueden extraer conclusiones, es el hospital de la Ribera, en Alzira (Valencia). El gobierno valenciano del PP adjudicó a una Unión Temporal de Empresas (Adeslas: 51%, Bancaja y CAM:45 %, ACS-Dragados: 2 % y Lubasa: 2%), su explotación durante 10 años, transcurridos los cuales, el centro retornaría al sector público. Los 230.000 habitantes de la comarca fueron adscritos obligatoriamente a dicho hospital, que se inauguró el 1 de enero de 1999, fijándose ese año una cantidad de 204 € por habitante y año (47 millones de €).

El ejercicio económico correspondiente a su primer año de funcionamiento se cerró con pérdidas, obligando a que se iniciara una actividad desenfrenada para ofrecer asistencia a pacientes de otras áreas sanitarias, y facturar a la Consejería de Sanidad el coste de cada prestación.

Esta iniciativa generó varias denuncias de usuarios basadas en la existencia de dobles listas: una para aquellos usuarios de la comarca (por los que se recibía un pago capitativo), y otra para los pacientes derivados desde otras áreas, que eran atendidos rápidamente y facturados por acto médico.

La UTE anunció que iba a obtener beneficios durante 2001, y los conseguiría pero, a finales de 2002, año en el que ya recibía 225 € por habitante (lo que hacía un total de 52,2 millones €), se comprobó que las pérdidas iban en aumento. A pesar de las previsiones, durante los 4 primeros años (1999 -2002), la UTE Alzira se vio obligada a reconocer unas pérdidas de 5,24 millones de €.

Ante el fracaso del experimento, la Consellería decide lanzarse al rescate de los "legítimos intereses de la empresa privada" (los beneficios económicos). Para ello, opta por rescindir el contrato y convocar un nuevo concurso de gestión sanitaria de la comarca de La Ribera, esta vez incluyendo, entre lo privatizado, la Atención Primaria de la zona (13 centros de salud que eran públicos hasta ese momento) y, de paso, mejorando las condiciones económicas para la empresa privada.

La extinción del contrato obligó a la Consellería a "recuperar el hospital", y a abonar a la UTE el importe de la inversión realizada. Para ello, la Consellería dedicó un presupuesto de hasta 43,9 millones de euros (7.300 millones de las antiguas pesetas), durante 2003.

La Consellería "premió" a la empresa con 25,4 millones de euros como "indemnización para cubrir el lucro cesante de los 6 años de explotación que restaban", más otros 43, 9 millones de € para los activos que quedaban por amortizar (el 60 %). Posteriormente, el Sindic de Comptes (Tribunal de Cuentas valenciano) criticó en un informe dicha indemnización, ya que en el contrato entre UTE y Administración Sanitaria no figuraba la indemnización por lucro cesante.

La explotación del hospital, junto con la de los 13 centros de atención primaria, volvió a salir a concurso con la condición de que el nuevo adjudicatario (el mismo) tendría que pagar 72 millones de euros a la Consejería. Nadie disputó el contrato a la UTE (que tenía la ventaja de haber percibido 69,3 millones de € de la Consellería).

El nuevo contrato es más rentable para la UTE porque se elevó el pago por persona a 379 € por habitante y año, se alargó el periodo de concesión a 15 años, prorrogables a otros 5, y prevé, para la empresa privada, un pago del 30 % de lo que ahorre en gasto farmacéutico con respecto a la media de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, hasta 2005, la UTE no ha reconocido beneficios: 1,8 millones de €, contando con un pago capitativo por paciente de 450 €.

Notas

(1) "La fuerza del mercado podrá dañar seriamente su salud’, UNISON, noviembre 2005.

(2) La pérdida de control público: el caso de la autopista 407.
A principios de 2004 la empresa concesionaria de la 407 decidió aumentar los peajes. El gobierno provincial de Ontario indicó que, para llevar ese cabo el incremento, era obligatoria su autorización.
Tras producirse el aumento efectivo de los peajes en febrero de 2004, el gobierno de Ontario inició el proceso de resolución de conflictos previsto en el contrato, concluyendo que la empresa lo había incumplido al aumentar los peajes sin la autorización previa del gobierno.
Además, y aunque el proceso de resolución todavía no había comenzado, el gobierno de Ontario envió a la empresa una notificación alegando que la empresa había incumplido el contrato de concesión. Un incumplimiento del contrato podría conducir a su finalización sin compensación a cambio.
"Es inconcebible que un gobierno haya dado a un consorcio privado el derecho sin restricciones a aumentar los peajes durante 99 años".

(3) Financing Canada"s hospitals: public alternatives to P3" Mackenzie, H. National Union, octubre 2004.

Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública de Madrid (CGT - CNT - Solidaridad Obrera - Plataforma Sindical EMT)