La Cámara de Cuentas critica el descontrol sobre hospitales privados

El Servicio Madrileño de Salud (Sermas) no controla la calidad de los servicios que prestan las entidades privadas o fundaciones a las que deriva a los pacientes mediante convenios o conciertos. Es una de las conclusiones a las que llega el informe de fiscalización que la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha elaborado sobre el programa presupuestario 750 (Atención Especializada del Servicio Madrileño de Salud) del año 2007, recientemente aprobado.

La calidad, asegura el informe, se entiende como una actuación continua "dirigida a mejorar la prestación de los servicios", pero en la que el Sermas "no ejerce una función de control, ya que no verifica si los datos que le remiten los centros referentes a los objetivos de calidad son acordes con la actividad efectivamente desarrollada por el hospital". El hecho de no verificar la información "genera una incertidumbre en relación con estos valores", resume el informe en sus conclusiones.

El órgano de fiscalización y control del sector público también se ocupa de la modalidad de gestión elegida por la Consejería de Sanidad para prestar atención sanitaria. Sobre la colaboración con entidades privadas o públicas (fundaciones), afirma: "No se han aportado informes, memorias, dictámenes o cualquier otra documentación en los que se justifique la procedencia del sistema elegido". Tampoco en las que se acredite la "forma de financiación", añade, "por la actividad realizada o capitativa [número de tarjetas sanitarias del área a cubrir]". De hecho, el informe recomienda que, antes de elegir una modalidad de atención u otra, "la Consejería de Sanidad debería estudiar, en términos de economía, eficiencia y eficacia, las distintas formas de gestión", comparándolas entre sí y con las que resultarían si diera el servicio directamente con sus hospitales.El informe únicamente fiscaliza el año 2007, el de la puesta en marcha del primer hospital de gestión enteramente privada en Madrid, Valdemoro. Al año siguiente entraron en funcionamiento otros seis nuevos hospitales de gestión mixta, es decir, con personal sanitario público y no sanitario aportado por las concesionarias que ganaron el concurso para construir y gestionar los centros.

Entre sus recomendaciones el informe señala que, con la puesta en funcionamiento de los nuevos hospitales y otros que están en fase de licitación, "en ejercicios futuros será necesario que Sanidad refuerce sus unidades de control" para garantizar que la asistencia sanitaria "sea prestada en condiciones de equidad e igualdad a todos los ciudadanos". Y le señala también que "debería evitar el envío repetido" de pacientes a realizar pruebas diagnósticas a centros privados con los que no tiene convenio o contrato.

La Cámara de Cuentas se ocupa del Programa 750 de los presupuestos, el que financia la atención especializada que presta el Sermas, ente de derecho público adscrito a la Consejería de Sanidad. Los hospitales tradicionales (La Paz, 12 de Octubre...) quedan fuera porque tienen sus propios programas. Los centros de asistencia especializada concertados que analiza el informe son la Fundación Jiménez Díaz y el hospital de Valdemoro (privados) y Alcorcón, Fuenlabrada y Gómez Ulla (públicos), además de las decenas de clínicas privadas con las que tiene suscritos convenios y contratos. El informe constata, analiza y hace recomendaciones:

- Carencias. El informe destaca algunas "carencias" en los convenios, conciertos y contratos que mantiene el Sermas con entidades privadas. "No todos incluyen el presupuesto", asegura. "Los más antiguos se prorrogan de forma tácita y únicamente establecen las tarifas a aplicar por cada prestación".

- Penalizaciones. En algunos casos el Sermas no penaliza si los centros no cumplen: "Solo en 6 de los 10 convenios o conciertos analizados se prevé un sistema de penalizaciones y/o minoraciones en la contraprestación de los servicios como consecuencia de demoras en la prestación de asistencia sanitaria o deficiencias de calidad y servicios".

- Objetivos difusos. Los objetivos que se marca el Sermas tienen que servir para mejorar la eficiencia, dice el informe. Sin embargo, esos objetivos "no reflejan los resultados específicos que se espera obtener con los recursos financieros asignados, lo que no es conforme con la técnica de planificación a la que, en teoría, responden". Los indicadores que se usan "no sirven para medir la eficiencia de las actuaciones", añade. El análisis "se limita a cuantificar la actividad realizada".

- Reclamaciones. No se sabe cuántas recibió el Sermas porque, dice el informe, "no ha aportado la memoria anual". Su falta "limita el análisis del número total de sugerencias, quejas y reclamaciones presentadas, su distribución por clases y centros y los tiempos de respuesta".

Valdemoro, sin acuerdo

La Cámara de Cuentas aún no sabe cuánto pagó la Consejería de Sanidad a Capio por la atención médica que el hospital de Valdemoro prestó a la población en 2007. Así lo hace constar el informe, que también recoge el motivo. Supuestamente, empresa y Administración no se ponen de acuerdo en las cantidades. "La liquidación del ejercicio 2007 no ha sido aportada por el Sermas porque, según informa el ente público, en la fecha de realización de las pruebas de esta fiscalización [mayo de 2009] no había sido posible realizarla por falta de acuerdo entre las partes en relación con 'la interpretación de los criterios de actualización, fecha de revisión de la actualización del IPC, cápita y procesos facturables".

No se ha podido conocer el gasto correspondiente a los dos únicos meses de ese año (noviembre y diciembre) en que funcionó el centro. El hospital de Valdemoro tiene un contrato de gestión de servicios públicos por concesión con el Sermas. La anualidad estimada para 2007 era de 13,2 millones de euros. En total, entre 2007 y 2036, cuando acaba la concesión, Sanidad prevé pagar a Capio más de 720 millones de euros.

Un puesto cuestionado

¿Y ese señor/a qué hace exactamente? Algo así viene a preguntarse el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas con respecto a la figura del delegado de Gobierno que existe en la Fundación Jiménez Díaz. Según explica el informe, ese cargo, con categoría de director general, tiene las funciones de "seguimiento y control del cumplimiento del contrato, así como la supervisión de la facturación mensual". El delegado debe rendir cuenta de sus actuaciones a la dirección general del Servicio Madrileño de Salud, pero, señala el informe, "el Sermas no ha aportado información ni documentación alguna acerca de las funciones efectivamente desarrolladas por el citado delegado". Así que la Cámara de Cuentas concluye: "Se desconoce cuál es la justificación de este puesto de trabajo".

El informe recuerda, además, que el control y supervisión de las actividades de la Fundación Jiménez Díaz y su facturación ya se realiza paralelamente mediante auditorías de actividad de la Dirección General de Hospitales. El Sermas pagó a la empresa Capio, propietaria del hospital, más de 167 millones de euros por la atención sanitaria de 286.000 pacientes en 2007.