España se quema
Ayuso es capaz de faltar al respeto a todo el mundo, pero incapaz para proteger el territorio para algo distinto que no sea depredarlo de la mano del negocio de las constructoras
El Estado español está en "Emergencia Nacional por incendios". En el momento de escribir estas líneas, voraces lenguas de fuego, que parece empiezan a estar contenidas, asolan parte de las provincias de Castellón, Toledo, Ávila y de la Comunidad de Madrid, devorando miles de hectáreas de masa forestal y obligando a la evacuación o el confinamiento de 115.000 personas.
En los casos de Toledo, Ávila y Madrid un mando unificado, en manos de la Unidad Militar de Emergencia (UME), se está haciendo cargo de coordinar todos los dispositivos a partir de tres prioridades: salvaguardar las vidas, defender los núcleos poblacionales y atacar los propios incendios. En el resto, dirigen la extinción las autoridades autonómicas en coordinación con el Estado.
Ante la virulencia de los focos, así como la gran cantidad de combustible que los alimenta y los reiterados desalojos de núcleos poblacionales parecen claras algunas conclusiones.
La primera, que, tal y como señala manera reiterada la comunidad científica, vivimos una emergencia climática que exige profundos cambios en el uso del territorio y la organización de la vida en él. Ambos aspectos están directamente relacionados con la manera en que nuestra sociedad establece la relación entre el medio (la naturaleza) y los seres humanos. Una relación dominada por la disociación entre la ciudad y el campo, entre el suelo y la masa de la población, así como por la forma que la propiedad privada de los medios de producción (capitalismo) impone: la explotación del ser humano y de la propia naturaleza en pos de la acumulación de capital (beneficio), motor y director último de todo el proceso.
La segunda, el crecimiento "sin control" de la masa forestal es uno de los efectos del modo de producción y del calentamiento global que provoca. El abandono poblacional masivo del campo obedece, en general, a la falta de la rentabilidad requerida para los negocios. Como bien señalan muchas entidades campesinas, no podemos confundir el agro negocio o las actividades cinegéticas, que refuerzan la disociación antes señalada, con "proteger el campo".
La tercera, que los poderes públicos, dominados por la lógica del apoyo al "crecimiento económico" que no del desarrollo humano, no invierten y, cuando lo hacen, no es de la manera debida. Se gasta poco y cuando se ejecuta, se emplea mucho más en medios para la extinción que en medios para la prevención o en medidas que ayuden a adaptar ciudades y espacios habitados a los efectos de la emergencia climática.
Madrid: Ayuso patina
La población lo pierde todo en los incendios. No solo sus propiedades, sino una parte muy importante de sus historias de vida y, en ese sentido, también de su identidad. El fuego comporta un estrés enorme; respirar gases tóxicos afecta directamente a la salud, aumenta la mortandad y degrada el entorno. Miles de animales y masa forestal se desvanecen en las nubes de humo.
Por todo ello, fue de especial gravedad que el pasado jueves por la noche (marcando una vez más el paso al PP) la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a través de su Consejero de Medio ambiente, Carlos Novillo, remitiera una carta de tres párrafos pidiendo al Estado que tomara el control del operativo de los incendios que ya avanzaban sin freno por el suroeste de la Comunidad y solicitase la declaración de Emergencia Nacional. Más allá del formalismo, la decisión tomada por Díaz Ayuso muestra, de un lado, la dimisión de su responsabilidad política y de su trabajo y, del otro, la incapacidad y fracaso sin paliativos de la política neoliberal como instrumento rector de la política pública.
Sus decisiones se hallan en manifiesta contradicción con lo establecido en el marco legal del reino de España que afirma en el artículo 148.1 de la Constitución y en la propia Ley de Montes (Ley 43/2003) que la gestión, planificación, prevención y extinción de incendios forestales es competencia directa de las Comunidades Autónomas y que éstas deberán aprobar y aplicar planes anuales de prevención, vigilancia y extinción en su territorio y que, con ese fin, han de gestionar sus propios servicios de prevención y sus cuerpos de bomberos y bomberos forestales. En ese sentido, la Administración general del Estado juega un papel de apoyo, de facilitación de medios y de coordinación con otras comunidades o con la Unión Europea, tal y como vimos en Andalucía (incendio Los Gallardos, 13 muertos), en Aragón (Huesca) o ahora en Castellón (Vall d'Uixó y Manieses, 1 fallecido).
Díaz Ayuso es capaz de faltar al respeto a todo el mundo, comenzando por la propia población madrileña, pero incapaz para proteger el territorio, las haciendas o campos para algo distinto que no sea depredarlos de la mano del negocio de las constructoras y fondos de inversión (LIDER). Es incompetente a la hora de proteger el derecho a la salud más allá de subyugar ese derecho al expolio al que Quirón, con el amparo del gobierno del PP, somete a la sanidad madrileña.
Que toda la política pública, y, en consecuencia, su presupuesto, responda a los tótems marcados por fondos financieros de grandes empresas provoca que sobre el resto de partidas no exista interés alguno (no hay comisión) ni, por ende, tampoco recursos o una propuesta más allá de algún contrato que reporte pelotazos de última hora.
No es extrañar que el gobierno de la Comunidad haya llegado a este verano con el colectivo de bomberos forestales en pie de guerra. La precariedad, reiteradamente denunciada, en la que sobreviven ha conllevado que, a lo largo del invierno, solo se hayan efectuado la mitad de las tareas de prevención necesarias. Sin convenio desde 2008, con salarios de 1.300EUR congelados desde 2010, con una plantilla capitidisminuida (500 efectivos menos de los acordados) y en cuerpos distintos (privado y público), los bomberos reclaman más personal, mayor salario, la mejora de sus condiciones de trabajo con la aplicación de los términos acordados en la ley 2024, un cuerpo único público 100% y contratos fijos de todo el año.
El PP baja la voz, mientras sigue negando el efecto de la acción del capitalismo (nuestra manera particular de relacionarnos con la naturaleza) y su relación con el cambio climático. Todo el problema se centra en "situaciones extremas y desconocidas hasta la fecha de fuegos descontrolados." Incendios que, según ellos, no tendrían relación alguna con la contaminación por los combustibles fósiles en la atmósfera, ni tampoco con la organización y ocupación del territorio, así como con la producción y sus usos.
El patinazo de Ayuso, a un año de la cita con las urnas de mayo del 27, quizá pueda indicar que hay opciones de ganar el gobierno autonómico de Madrid y de buena parte de los municipios contra el pertinaz negacionismo climático que prende fuego a nuestras vidas.
Cambió la tierra
Estamos a mitad del verano y ya llevamos 135 mil hectáreas quemadas y 29 grandes incendios (de más de 500 ha). El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), en su Sexto Informe de Evaluación, indica de manera categórica que la región mediterránea --y la Península Ibérica en particular-- constituyen una de las zonas geográficas más vulnerables del planeta ante el calentamiento global. La evidencia científica señala que sufrimos más olas de calor y de mayor intensidad, así como más episodios de sequía prolongada. Estamos ante megafuegos que superan de manera estructural las capacidades tradicionales de extinción de los dispositivos terrestres y aéreos, tornando el incendio en un evento ingobernable. El informe técnico del IPCC subraya que el vector climático no actúa de forma aislada, sino en sinergia directa con el cambio de uso del suelo acaecido en los últimos decenios en países como España.
Los incendios de hoy no son simples fuegos, resultado del calor del verano, sino hijos de un cambio acumulado durante lustros que mezcla, como antes mencionábamos, muchos factores que exigen de una intervención estructural permanente, y tiempo para revertirlos, con el fin de mitigar los destrozos que provocan. Tampoco las políticas socialiberales del PSOE, como lo demuestran los incendios en Castilla la Mancha, van a la raíz del problema.
EL gobierno del Estado tiene en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNANCC 2021-2030), la esfera de referencia para la definición de las políticas públicas frente a los impactos climáticos (protección forestal, desertificación), los ejes de la política pública. El plan promueve la silvicultura adaptativa, los clareos estratégicos; la implantación de la ganadería extensiva y el pastoreo; restauración ecológica post-fuego; protección del suelo frente a la erosión hídrica y un largo etc. Es decir, se coloca la política pública formalmente del lado de la adaptación a la emergencia climática, las propuestas científicas y de la Agenda 2030.
Ahora bien, poner en marcha la parte mollar de tales medidas y de muchas otras imprescindibles para encarar esta emergencia y sus efectos, va mucho más allá de los papeles y entra decididamente, y nunca de manera más precisa, en la lucha material por el territorio. Una lucha tan terriblemente desigual como imposible de evitar porque cada vez es más clara la incompatibilidad entre el modelo neoliberal y una vida mínimamente plena para la mayoría. De ahí su complejidad. La ciudadanía debemos, apoyándonos en los derechos y políticas reconocidos en los papeles, continuar trabajando en iniciativas de resistencia y renovación que, partiendo de los ayuntamientos (ya hay experiencia en ello) encuentren ámbitos de protección y de potenciación del tejido asociativo comunitario y cooperativo y de políticas públicas creadas con criterios de sostenibilidad ambiental y derechos universales.
Responder a los fuegos supone más que responder a los incendios de ahora. Exige encarar de manera decidida la emergencia climática en la que nos hallamos de hoz y coz, y utilizar los medios de la política, hasta donde sea posible, mientras logramos alcanzar el cambio que, de la mano de la planificación democrática socialista de la economía, represente la restauración de la relación metabólica entre la naturaliza y los seres humanos.
* Concejal por Más Madrid en Ciempozuelos.
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