Kiala, a la cárcel por recibir una paliza

Más de 300 vecinos y vecinas del barrio madrileño de Lavapiés han firmado una petición para apoyar a Kiala Manta, vecino de la zona y condenado a seis meses de cárcel y al pago de 4.500 de indemnización por hurto y lesiones. Kiala, miembro de la Migrapiés, grupo de trabajo sobre migración de la Asamblea de Lavapiés, y de Mbolo Moy Dole, cooperativa formada por quince personas como proyecto de autoempleo que se puso en marcha hace un año. Explica que los hechos ocurrieron en 2009, admite que sí intentó llevarse productos de perfumería por un importe menor de 150 euros, pero varios empleados de seguridad le cogieron y llevaron al sótano del local comercial, donde le dieron una “tremenda paliza”. El jefe de seguridad se habría roto un dedo mientras le golpeaba. Organizaciones como la Escuela Taller de Lavapiés, la Parroquia San Carlos Borromeo, SOS Racismo, la Red Interlavapiés, el Samur Social o Cruz Roja también han mostrado su apoyo a Kiala y han señalado su integración en la comunidad, pidiendo que se anule su entrada en prisión o se sustituya por otra medida menos gravosa.

“Vamos a pedir un indulto, aunque estamos a la espera de que nos contesten a la solicitud de sustitución de la condena de cárcel por trabajos en beneficio de la comunidad”, explica a Diagonal el abogado de Kiala, Eduardo Gómez Cuadrado, de Red Jurídica Abogad@s. Kiala estaba citado hoy en los juzgados de plaza de Castilla para poner fecha a su ingreso en prisión, pero han conseguido postergar la cita a la espera de que lleguen informes sociales sobre el caso. Según explica Gómez Cuadrado, también se han entregado 500 euros como primer pago y muestra de buena voluntad para cumplir con el pago de la indemnización. Ahora queda a la espera de que Fiscalía decida sobre la petición de conmutación de la pena de cárcel por trabajos en beneficio de la comunidad.

Desde el grupo de Migrapiés y desde la Coperativa Mbolo Moy Dole han organizado varios actos de apoyo a Kiala.

Desde el Congo hasta Lavapiés

Kiala llegó a España en el año 84. “Vine para escapar de la dictadura que había en mi país, República Democrática del Congo”. En esos momentos, contaba 22 años y era estudiante de Ciencias Naturales. Su padre era político, en la oposición contra un régimen dictatorial en manos de Joseph-Désiré Mobutu. Una época de corrupción y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. “No se podía ni protestar, nos mandaban los militares a la universidad y podías acabar en la cárcel o muerto. Se lo decía a mi padre: '¿Qué sentido tiene intentar hacer política aquí?'. La única salida que nos dejaban era irnos del país”.

Llegó a Madrid pasando antes por Roma, y aquí encontró a gente que también había escapado de su país con los que se quedó a vivir. A los seis meses intentó conseguir el estado de refugiado político y le dieron una tarjeta provisional con la que no podía conseguir trabajo legalmente. También le mandaron a Cruz Roja, organismo que le dio una pequeña ayuda económica para ir tirando. Kiala intentó seguir sus estudios en España, conseguir alguna beca, pero pronto se dio cuenta de que, más allá de un curso de español, no iba a tener posibilidades de acceder al sistema educativo y empezó a buscar formas de salir adelante. Trabajó durante varios años como temporero en Almería y Murcia, también en la campaña de recogida de la aceituna. Se enamoró y fue padre.

Tres años después de haber llegado a España comenzó su mala época. Los problemas con las drogas le llevaron ante un juzgado, que le condenó a pasar varios meses en la cárcel. A raíz de ello perdió su solicitud de asilo. Después de recurrirlo ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, Kiala no recuperó su estado de refugiado político, pero sí consiguió un permiso de residencia, con el que ya se le abrían las puertas a un contrato de trabajo. Para entonces, Kiala ya había dejado de vivir con su familia. Vivía bajo el Puente de Vallecas, después de haber pasado por Las Barranquillas. “Bajé hasta el fondo”, explica Kiala. Una pelea fue lo que le hizo decidir dejar las drogas. Pasó por el Centro de Atención a los Drogodependientes de Villaverde y después por el de Vallecas. “Me dieron metadona, pero no me gusta, es también droga y yo ya quería dejarlo”.
Para entonces ya había perdido su permiso de residencia. Cuando le tocó renovarlo, su pasaporte estaba caducado y no pudo conseguir los 300 euros que costaba renovar el documento.

En las navidades de 2009 tuvieron lugar los hechos sobre los que se ha dictado la condena a la que se enfrenta, por el intento de hurto de unos perfumes en El Corte Inglés. El personal de seguridad fue a por él antes incluso de que saliera del local comercial. Aunque les dijo que iba a pagarlo, ocho empleados de seguridad le llevaron a los sótanos y le dieron una “paliza descomunal”. “Intenté defenderme, pero vinieron más y me esposaron a la espalda tumbado en el suelo. Me siguieron pegando y el jefe se ensañó mucho”. Tanto se ensañó que, después de pasar un buen rato pegándole, gritó porque de los golpes que daba a Kiala se había roto un dedo. El personal de seguridad llamó a la policía, que llegó a los 20 minutos. Le llevaron a la comisaría de Nuevos Ministerios y a un hospital del barrio de Salamanca. “Esos guardias se pasan a veces, hoy te ha tocado a ti”, le comentó uno de los trabajadores sanitarios del centro.

El juicio se celebró cuatro años después. Para ese entonces, Kiala tuvo que pasar también otra mala experiencia, el paso por el centro de internamiento de extranjeros (CIE) de Aluche en 2010, donde estuvo retenido durante un mes. “Fue horrible, no entendía qué hacía allí. Era angustioso no saber si te iban a deportar o si te iban a dar una paliza. Tenías que estar permanentemente en guardia”, explica Kiala. Después del paso por el CIE, estuvo en tratamiento para superar la adicción . Pasó por dos centros de desintoxicación, pero en un momento determinado, al no tener en regla los papeles, le dejaron fuera del tratamiento. Una trabajadora del Samur le dio la dirección de un albergue en San Isidro. Allí, a través de su profesor de jardinería, que le puso en contacto con gente de Lavapiés, conoció la Asamblea Migrapiés.

En 2012 comenzó a ir a sus reuniones, en la plaza de La Corrala. “Cuando conocí el proyecto me dije 'esto es lo mio'. Me incorporé a la Asamblea de Migrapiés y ahí sigo hasta hoy. Vamos a manifestaciones, hacemos trabajo comunitario en el barrio, aprendemos...” Junto al resto de personas que conforman la asamblea, Kiala emprendió hace un año un proyecto de autotrabajo: la cooperativa Mbolo Moy Dole. Hacen trabajos de pintura, de reformas, catering, mudanzas...
Llevan un año y, aunque, como señala él mismo, “no facturamos mucho”, sí nos da para ir tirando y cada vez mejor”, señala. Kiala se ocupa de la parte de la cooperativa dedicada a reformas y mudanzas. En total son 15 personas. Desde Mbolo ya se están planteando nuevas vías, proyectos de teatro, y música.

En 2013 se celebró el juicio, después de que la vista se cancelara dos veces: la primera porque Kiala no tenía abogado asignado, la segunda porque los policías que interpusieron la denuncia no se presentaron. Durante el juicio, afirma que “no me dejaron defenderme, la juez no dejó a mi abogado defenderme, sólo le mandaba callar”. La policía le acusaba no sólo de hurto, sino también de lesiones, por el dedo que el jefe de seguridad se rompió a causa de los golpes que propinó a Kiala. “No me dejaron que explicara cómo sucedió, ¿cómo iba a pegarle si estaba con las manos esposadas a la espalda?”, señala. Desde su grupo de apoyo destacan que el juez sólo tuvo en cuenta el testimonio de la policía

En 2014 salió la sentencia: dos años de prisión y una indemnización de 4.500 euros para el vigilante de seguridad que le golpeó. Su abogado de oficio en aquel momento recurrió la sentencia dos veces y, poco después, la Audiencia Provincial de Madrid rebajó la pena a seis meses de cárcel, pero mantuvo la indemnización de 4.500 euros. Intentó que cambiaran la condena por trabajos en beneficio de la comunidad, pero de momento se lo han denegado.

Desde el barrio, una decena de colectivos y cientos de personas se están movilizando para que Kiala no ingrese en prisión. “Ahora estoy viviendo una buena vida, ahora estoy integrado en este barrio, conozco mucha gente y estoy feliz, ¿y es ahora cuando me quieren meter en la cárcel?”.

Diagonal