Detención del activista Jaume dUrgell por escalar la fachada de un edificio oficial y cambiar la bandera nacional española por la republicana

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MADRID. El pasado domingo 14 de mayo, en el transcurso de la manifestación improvisada que siguió a “la sentada” con la que algunos miles de personas –principalmente jóvenes–, reclamaron en diversas capitales de toda la geografía española su Derecho a una Vivienda Digna, el escritor madrileño Jaume d’Urgell trepó por la fachada del edificio que aloja la sede de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, hasta alcanzar el lugar donde se encuentran sendos mástiles, para las banderas nacional y de la Comunidad Autónoma, procediendo a arriar la bandera de España e izar en su lugar la que fuera enseña oficial de la República, roja, amarilla y morada, momento en el que buena parte de los manifestantes estalló con una sonora ovación, lanzando vivas a la República y reivindicando el derecho de los obreros de toda clase a disfrutar de una vivienda digna a un precio razonable. También se registró alguna protesta aislada de individuos que afirmaron no querer que “se politizara la manifestación” (sic.).

La acción –que posteriormente el propio Jaume describiría como “performance poético basado en un texto de 1931 y autores diversos”, se realizó a la vista de todos, a cara descubierta, a plena luz de día (hacia las ocho de la tarde), delante de miles de ojos mitad felices, mitad incrédulos.

Cabe señalar que no se llevó a cabo ningún acto en contra de la bandera nacional –a parte de retirarla–; no fue quemada, ni destrozada, escupida ni pisoteada, simplemente, se quitó de su lugar, y se entregó a los manifestantes, para así dejar paso a la tricolor.

Las consecuencias no fueron inmediatas –suponemos que para no provocar a la multitud–, así, algunos agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, vestidos de paisano, iniciaron un discreto seguimiento al autor de tan singular reivindicación, hasta lograr dar con él en un momento en el que estaba relativamente alejado del resto de manifestantes, en concreto, al caminar frente al Senado, en dirección al Palacio Nacional, yendo por arriba –y no por debajo, donde estaban los demás–.

Eran poco más de las nueve cuando un agente se le abalanzó por la espalda, tomándole el antebrazo izquierdo y mostrándole una identificación del Cuerpo Nacional de Policia. Segundos después, un segundo agente procedía a inmovilizarle flexionando su muñeca derecha. De inmediato, Jaume manifestó su voluntad de no ofrecer resistencia e informó de que jamás había sido detenido anteriormente, que se encontraba en su poder el preceptivo carné de identidad, que no portaba armas, y que no consumía ni se encontraba en posesión de ningún tipo de sustancia psicotrópica. En ese momento, la policía le comunicó que se encontraba detenido por un presunto delito de injurias a la Bandera, le informó de algunos derechos básicos –guardar silencio, no declarar en su contra, etc.–, y le condujo al interior del edificio del Senado (que para la ocasión hizo las veces de depósito de detenidos).

Una vez allí, se produjo una situación extremadamente tensa cuando los agentes introdujeron al detenido en un oscuro recoveco al resguardo de miradas ajenas –situación que Jaume identificó como de inminente violencia–, no obstante, todo quedó en un susto. Los agentes, se limitaron a conminarle a que vaciara el contenido de sus bolsillos (en el suelo), que inmediatamente fue examinado, y le cachearon para comprobar que efectivamente se encontrara desarmado. Ninguno de los efectos personales era susceptible de considerarse un arma, ni un cuerpo punzante… no obstante, se le intervino algún documento de la asociación cultural Unidad Cívica por la República, cuya Dirección había celebrado un encuentro esa misma mañana.

Pasados algunos minutos –en los que se verificó la filiación y demás datos de interés sobre Jaume–, éste fue conducido a un vehículo sin distintivos exteriores, y de allí trasladado a la comisaría de policía del barrio de Moratalaz.

Hay que destacar que el trato dispensado por los agentes fue correcto en todo momento, sin que se produjeran insultos, golpes ni ningún otro hecho que pudiera considerarse degradante o inadecuado. De hecho, ni siquiera llegaron a esposar a Jaume d’Urgell en los desplazamientos exteriores (del Senado al coche que lo conduciría a la comisaría del barrio de Moratalaz, ni en los espacios abiertos del interior de dicha comisaría; la mañana siguiente sí fue esposado, en el traslado a los calabozos de los juzgados de plaza de Castilla). Asimismo, en múltiples ocasiones se le ofreció la posibilidad de ser reconocido por un médico legal, ofertas que siempre fueron rehusadas.

También hay que señalar que durante su estancia en la comisaría del barrio de Moratalaz, todo el mundo fue extraordinariamente correcto, se diría que en lugar de “poli bueno vs. poli malo”, jugaban a “poli bueno, poli bueno, poli bueno”. Sea como fuere, Jaume mantuvo el tono respetuoso –aunque afectado–, pero sin llegar a responder ni una sola pregunta que aún a nivel no-oficial se le planteara. Por no declarar, ni siquiera firmó el documento de reconocimiento de haber sido informado de sus propios derechos… no lo firmó hasta la llegada de su abogada de confianza, bajo cuya supervisión sí firmó cuanto le fue presentado. Incluido un impreso más tarde observó que figuraba como hora de la detención las 22.30 h. (un pueril intento de la policía para falsear la hora real de la detención, que en realidad fue muy anterior a la consignada, con la intención de responsabilizar al detenido de incidentes ocurridos cuando éste ya se encontraba bajo custodia policial, y que por tanto no pudo cometer).

Tras negarse a declarar incluso ante la presencia de su propia letrada de confianza –Jaume optó por prestar declaración en Sede Judicial–, fue trasladado a los sótanos, donde le fue intervenido un manojo de llaves, el carné de identidad, la cartera, el teléfono móvil, el dinero y el cinturón. Se le tomaron huellas para la ficha policial, le hicieron las fotos de frente, perfil y perspectiva, y fue conducido a una celda de seis metros cuadrados, aislado.

Por la mañana siguiente, tras dejarle 25 segundos en el baño y proporcionarle un desayuno consistente en algunas galletas y un pequeño zumo –que rehusó–, fue trasladado a Plaza de Castilla, en compañía de otros siete detenidos, esposados de a dos.

Una vez en los juzgados de plaza de Castilla, los ciudadanos españoles fueron apartados del resto y agrupados por quincenas; y cada grupo fue recluido en celdas de unos 30 metros cuadrados, escasamente ventiladas –al cuarto de hora el aliento provocaba condensación–. Al cabo de tres horas fue llevado ante la secretaria judicial, quien le identificó e informó de sus derechos, regresando a la celda otro par de horas, hasta que fue llamado a declarar en presencia del titular del juzgado de instrucción número 25, un representante de la Fiscalía, su letrada de confianza y la secretaria judicial.

En su declaración ante el Juez, se pudo comprobar que en efecto, la policía había mentido sistemáticamente en su versión de los hechos, llegando a imputar a Jaume d'Urgell la autoría de unos supuestos actos de vandalismo contra el mobiliario urbano, la organización de la manifestación –que toda la prensa ha calificado como espontánea, sin convocantes ni cabezas visibles–, e incluso la responsabilidad una supuesta agresión a una persona.

No obstante, los embustes de la policía no resisten ni el primer análisis: puesto que la detención se produjo en las inmediaciones del Senado, existe grabación del circuito cerrado de televisión de seguridad, en el que se puede ver que en el momento de la detención había sol, mucho sol, ergo no podían ser las 22.30 h que malintencionadamente figuraban en el informe de la policía. Además, en esas grabaciones aparece la fecha y la hora superpuesta a las imágenes.

Por tanto, Jaume d'Urgell no pudo cometer ninguno de los hechos acontecidos con posterioridad a su detención, porque no es posible estar en dos sitios al mismo tiempo. Existe abundante material gráfico en el que se aprecia el auténtico desarrollo de los hechos, y donde es fácil comprobar que Jaume ni siquiera llegó a alcanzar el cordón policial que se levantó para proteger al Palacio Nacional. Todo está registrado. Y no hay ni una sola prueba gráfica de la participación de Jaume d'Urgell en ningún hecho, excepto la pacífica sustitución de la bandera nacional –rojigualda–, por la republicana –tricolor–.

OPINIÓN I - La detención

¿Por qué mintieron los policías? ¿por qué trataron de imputar falsamente delitos que sabían que Jaume no pudo cometer? ¿porqué falsearon la hora de la detención en un documento público? Es posible que alguien se sintiera presionado a responder por una actuación que no siempre ofrece resultados “condecorables”.

Quizá “el Sistema” sienta vergüenza ajena ante la perspectiva de no disponer más que de un delito político al que agarrarse para procesar a un ciudadano que expresa pacíficamente sus opiniones políticas... en pleno año 2006... en plena Unión Europea.

Muchos son los interrogantes que se abren ante una situación como esta: ¿debemos permitir que nuestros empleados –los funcionarios públicos–, se vuelvan impunemente contra nosotros –los ciudadanos–? ¿dónde queda el Estado de Derecho? ¿ésta es nuestra “Democracia”? ¿estamos indefensos ante el Estado que debería protegernos? ¿es mejor no pensar en estas cosas? ¿aceptar y callar? ¿habrá consecuencias por el hecho de denunciar el propio montaje policial? ¿debe Jaume sentirse amenazado? ¿y los demás? ¿en qué año vivimos?

En España nos estamos acostumbrando a que la policía mienta para intentar aumentar las penas de los reos. Y eso que se nos presenta como si fuera algo normal, no solo no lo es, sino que es un escándalo que merma la credibilidad del Estadoy destruye la seguridad de unos ciudadanos que hoy más que nunca, se sienten desnudos ante la formidable maquinaria del Sistema.

OPINIÓN II - La manifestación

El catorce de mayo, miles de personas se echaron a la calle para reclamar algo tan elemental como el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución Española de 1978, es decir, que el Estado intervenga para garantizar el derecho de los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna, y que se adopten medidas para prohibir la especulación inmobiliaria. En nuestro país, existen más de ocho millones de pobres, o lo que es lo mismo: casi una quinta parte de la población sobrevive con menos de 400 euros por persona y mes.

¡Y pensar que existen personas que creen que una manifestación pueda ser apolítica!

El problema de la dificultad para acceder a una vivien da digna es causa de una situación de estafa masiva en el sector inmobiliario. Es injusto, indigno, que la compra más importante de la vida de una familia sufra una diferencia media cercana a un 750% entre el precio de coste y el precio pagado.

Algo grave ocurre cuando existen centenares de miles de viviendas sin gente, y millones de gentes sin vivienda. Es un problema macroeconómico, de incuestionable carácter político. Y ante un problema político, las soluciones no vendrán de la oligarquía bienestante, sino que deberán llegar del pueblo, de la clase obrera, de abajo, como siempre.

Si no logramos presionar con eficacia, la única medida que obtendremos será un leve cambio en algún indicador macroeconómico –en precampaña electoral, naturalmente–, y para de contar... nos seguirán regalando pares de zapatillas para patearnos los alrededores de ciudades en busca de pisos alejados y deficientes, que pese a todo, seguirán siendo inalcanzables para un amplio espectro de la sociedad. Nos venderán la exclusiva a bombo y platillo en un intermedio del programa “Gente”, y como las zapatillas serán rosas y graciosas, no faltará algún infeliz al que el asunto le haga gracia, ni algún “indeciso” que llegue a cambiar el voto por semejante insulto.

También han aparecido muchas personas que se preguntan, que qué pinta la defensa de la República en una manifestación concebida para reclamar el derecho a una vivienda digna. Bien, no se puede esperar que todo el mundo tenga el mismo nivel de formación política, ni mucho menos que el proceso de reflexión y análisis sobre dos conceptos en apariencia tan distintos lleve a un buen número de personas a establecer relaciones entre la vivienda y la forma de gobierno. Pero el hecho es que están relacionados. ¿Por qué? porque la idea de la República no consiste en el mero despido del funcionario jefe del Estado y su sustitución por un cargo electo renovable. No: repúblicas las hay de muchos tipos, y se pueden clasificar por criterios bien diferentes: soviéticas, presidencialistas, árabes, totalitarias, federales, democráticas... pero más allá de toda etiqueta, la República encarna en España un conjunto de valores cívicos que definen un modo distinto de gestionar los asuntos públicos.

Cuando un piso de treinta metros cuadrados, a dos horas del centro de trabajo, mal ventilado, de obra vieja, sin plaza de garaje, sin colegios ni tiendas, cuesta más de 300 veces un salario mensual promedio, nos encontramos ante un gigantesco problema, que por si solo es responsable de un alto nivel de inestabilidad política. Y de la inestabilidad política a la hecatombe... un paso.

No es que “España se rompa”; lo que está a punto de romperse es el saco, y el cántaro, y la fuente, y la paciencia.

Ante eso, izar una bandera republicana es sinónimo de afirmar: henos aquí, somos El Pueblo y estamos resueltos a gestionar nuestros asuntos, para trabajar por nuestras soluciones y convertirnos en protagonistas activos de nuestro propio futuro, de nuevo, y para siempre.