"Deportation Class": Peligro de muerte

Ante el Centro de Internamiento Temporal de Extranjeros (CITE) de Carabanchel, unas 60 personas se concentraron el 12 de junio para denunciar la muerte del joven Osamuyia Aikpitanhi y solidarizarse con las personas inmigrantes encerradas en dicho CITE, mientras informaciones sin confirmar hablaban de un motín en su interior. A gritos y mientras protestaban golpeando contra puertas y ventanas, las personas encerradas hicieron saber que llevaban ya cuatro días sin comida ni derecho a ducharse. El 16 era desconvocada, por la lluvia, la marcha de la Asociación de Nigerianos en la Diáspora, que pretendía denunciar la tortura y "la muerte a manos de un racista policía blanco" del joven. En Barcelona, la Asociación Nigeriana y Papeles para Todos llamaban a una manifestación, el 22 de junio, para protestar por esa muerte "bajo custodia policial", según la convocatoria. Por su lado, organizaciones sociales, como SOS Racismo, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado o la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, han exigido una investigación independiente de los hechos y la sanción de los responsables. Y es que, al cierre de esta edición, todavía no hay una versión oficial, salvo que la causa del óbito fue una parada cardiovascular. El 9 de junio aterrizaba en Alicante el vuelo de Madrid a Lagos, de Iberia, al haber fallecido uno de los cuatro pasajeros de origen nigeriano que eran deportados por la policía nacional. Los agentes que lo custodiaban lo tenían inmovilizado -iba atado de manos y piernas- y amordazado con cinta plástica no adhesiva.

Osamuyia, nigeriano de 23 años, llevaba cuatro años residiendo en el Estado español, sin tener los papeles, y ya habían intentado deportarlo anteriormente en dos ocasiones, por orden del juzgado de instrucción nº 1 de Fuenlabrada, pero su decidida oposición lo impidió. Según Chester, uno de los hermanos de la víctima, que se basa en testigos presénciales, la policía golpeó y amordazó al joven. "Lo han matado en el avión. Han enviado cuatro policías fuertes para pegarle, para maltratarle y para podérselo llevar". "Lo han matado como a un perro, no hay que tratar a los negros como perros", concluye.

El Gobierno ha rehusado dar su versión del suceso hasta que no culmine la investigación interna y la autopsia del joven. Para los sindicatos policiales, los agentes implicados, a los que el juez encargado de la investigación ha tomado declaración como imputados, son inocentes ("en ningún caso hubo malos tratos" afirmó el SPP), siendo responsables el propio joven ("posiblemente pretendió suicidarse para evitar ser expulsado", declaró el SUP), y el Gobierno, por no formar ni dotar de medios a los policías, ni aportar manuales y protocolos que especifiquen cómo han de actuar los agentes. Por ejemplo, según el SUP, no hay norma que explique cómo han de actuar en caso de que un ciudadano se resista violentamente a su expulsión.

Lo que no es del todo cierto, ya que al menos desde 2005 existe un documento policial que especifica el traslado en avión, y que menciona el uso de lazos de seguridad y grilletes metálicos, pero en ningún caso mordazas. Desde 2001, las recomendaciones del Consejo de Europa afirman que "deberá prohibirse por completo lo siguiente: el uso de todo medio que pueda provocar asfixia o sofocación (por ejemplo cinta adhesiva, mordazas, cascos y cojines)".

Nuevo protocolo

Esta muerte va a influir en el borrador de protocolo Normas de seguridad en las Expulsiones colectivas por vía aérea y/o marítima, que el Gobierno discute actualmente. Dicho documento autoriza el uso de "medidas de fuerza" aunque no detalla cuáles, prohíbe tomar imágenes de los traslados, establece que en cada vuelo han de ir un ATS y un médico, y fija la cantidad de policías que han de custodiar al repatriado. Pero sobre todo, como gran novedad, prevé el empleo de vigilantes privados para la escolta de los repatriados. Y es que las deportaciones, una de las prioridades de la política de inmigración del Gobierno, además de costosas económicamente, insumen numerosos recursos humanos. En 2006, el Ministerio de Interior repatrió a 99.445 inmigrantes indocumentados entre retornos, readmisiones, expulsiones y devoluciones. Para ello, fletó 324 vuelos. La muerte de personas inmovilizadas y amordazadas durante su expulsión no es nada nueva. En julio de 1993, Joy Gardner fallecía a consecuencia del trato recibido por parte de la policía británica. En agosto de 1994, moría Kola Bankole durante su expulsión desde Alemania. En septiembre de 1998, en Bélgica, Semira Adamu moría asfixiada cuando nueve gendarmes la inmovilizaban.

El 1 de mayo de 1999, le tocaba a Marcus Omofuma, tras ser amordazado por policías austriacos. De nuevo en Alemania, Aamir Ageeb fallecía el 28 de mayo de 1999. El 30 de diciembre 2002 moría Ricardo Barrientos en París. El 16 de enero de 2003, Mariame Getu Hagos, solicitante de asilo de origen somalí, moría tras ser inmovilizado mediante las "técnicas habituales" de la policía francesa para estos casos.

Cómo impedir una expulsión

Según los colectivos europeos contra las expulsiones, éstas se pueden cortocircuitar con éxito y sin peligro: basta con que los pasajeros se nieguen a ello, alegando por ejemplo que un expulsado puede forcejear y poner en peligro a todos los pasajeros. Si al menos dos viajeros se niegan a sentarse o a abrocharse los cinturones de seguridad, el vuelo no podrá partir. A bordo del avión, la autoridad recae en el comandante del mismo, y la policía ha de obedecerle. El comandante puede decidir que viajar con el o la expulsada sería muy peligroso y obligar a que lo desembarquen del avión: ocurre muy a menudo. Según los colectivos contra las expulsiones, el vuelo sólo sufriría un pequeño retraso. Hasta ahora, sólo en una ocasión, unos pasajeros, en un contexto de expulsiones masivas en Francia, fueron amenazados con represalias por oponerse a viajar con deportados. Pero la cosa no pasó de intimidaciones sin consecuencias. Han sido muchos los casos en que los viajeros han protestado contra las expulsiones, sobre todo cuando han visto a la policía reduciendo al expulsado. La práctica policial es evitar que el pasaje sepa con quién va: los expulsados son subidos al avión cuando está vacío, llevados al fondo del mismo, y tapados por cortinas. El uso policial de mordazas o de sedantes busca que no puedan gritar y avisar de su situación.