Un quinto invierno sin luz agrava el desprecio por los habitantes de la Cañada Real

La población de la Cañada continúa a la espera de medidas inmediatas tras la resolución reciente del Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa, en la que condena a España por la vulneración del derecho a la vivienda y el derecho a la salud como consecuencia de la falta de suministro eléctrico.

Diciembre se ha convertido en la competición favorita de muchos alcaldes para proclamar su municipio como el más iluminado. José Luis Martínez Almeida entra en el ranking con cerca de 12 millones de bombillas en las calles de la capital madrileña. El Ayuntamiento ha incrementado un 15% el presupuesto para el alumbrado de estas fiestas tras una inversión de 5,3 millones de euros, aprobada en abril de 2024.

Las luces de navidad no llegan a 14 kilómetros de la Puerta del Sol, donde el vecindario de la Cañada Real afronta su quinto invierno sin suministro eléctrico, desde el corte de la compañía Naturgy el 2 de octubre de 2020. Vecinos y vecinas de la Cañada, la Asociación Tabadol y la Plataforma Cívica Luz para la Cañada siguen exigiendo responsabilidades a las administraciones públicas del Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y la Comunidad de Madrid para "resolver esta crisis humanitaria".

"El frío y la oscuridad son implacables, pero nos apoyamos mutuamente en la comunidad. Cada día es un desafío. Cocinar, calentar las casas y que los niños puedan vivir una infancia digna es casi imposible. El acceso a la educación está gravemente afectado. Pero seguimos resistiendo porque no aceptamos que se nos condene a estas condiciones", cuenta Houda Akrikez, vecina de la Cañada y presidenta de la Asociación Tabadol.

Recientemente, el Consejo de Europa ha resuelto que España vulnera los derechos de la Carta Social Europea como consecuencia de los cortes de luz que afectan a 4.500 personas de la Cañada, entre ellas alrededor de 1.800 menores. En concreto el Estado vulnera el derecho a la vivienda (art. 31), el derecho a la salud (art. 11) y el derecho a la protección frente a la pobreza y la exclusión social (art. 30), según la resolución que todavía no se ha hecho pública, pero sí se ha notificado a las partes.

Este fallo responde a una demanda colectiva interpuesta contra España, liderada por el equipo jurídico de la Plataforma Cívica y presentada el 2 de marzo de 2022 por cinco organizaciones legitimadas a nivel europeo: Defence Children International (DCI), Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con las Personas sin Hogar (FEANTSA), Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL), Comisiones Obreras (CCOO) y Movimiento Internacional ATD Fourth World.

"Fue la primera demanda que se puso contra el Estado español cuando se ratificó este procedimiento", explica María López, jurista y portavoz de la Plataforma Cívica Luz para la Cañada. Esta demanda fue posible gracias a la entrada en vigor del sistema de reclamaciones colectivas del Protocolo Adicional a la Carta Social Europea. Su ratificación permite denunciar ante el Consejo de Europa la inaplicación satisfactoria de la Carta por parte de los Estados en materia social y laboral.

La resolución deberá hacerse pública en un plazo de cuatro meses, es decir, antes de que finalice el mes de febrero de 2025. "Entendemos que el Estado español ya está trabajando en medidas porque es conocedor de la decisión y estamos ante un aviso muy grave de vulneraciones de derechos. El fallo nos da la razón en absolutamente todo. La decisión es contundente, dice que el suministro eléctrico produce daños graves en la salud. Atiende a todos los informes que presentamos como el del Centro Sira", sostiene López.

El 25 de mayo de 2023 se publicó el informe "La Cañada Responde. Impactos psicosociales derivados del corte del suministro eléctrico" del Centro Sira, el Centro de Atención a Víctimas de Malos Tratos y Tortura. Este informe concluía que los cortes de suministro en la Cañada provocan "un sufrimiento físico y psicológico severo en la población, pudiendo considerarse la existencia de un entorno torturante".

Andrea Galán, psicóloga y responsable del Área de Investigación del Centro Sira, considera que las consecuencias de que las vecinas vivan un cuarto invierno sin luz "pueden ser muy graves según lo que ya se evaluó hace un año y medio en el informe. Lo esperable es que con el paso del tiempo se hayan incrementado los impactos, incluso cronificado y que se vuelvan más irreversibles en muchos casos". Añade que "la reciente resolución en la que se condena a España, sienta un precedente en el que el Estado tiene una posición de obligación de atender a las demandas que se vienen recogiendo durante estos últimos 4 años y tiene una oportunidad para poder reaccionar".

Otras problemáticas que empeoran la vida en la Cañada

En noviembre, la Fiscalía solicitó 10 años de inhabilitación para dos altos cargos del PP, del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, acusados de prevaricación administrativa por la demolición de una vivienda en el sector 6 en julio de 2022, cuando su propietario se encontraba de vacaciones. "Los derribos ilegales, aunque han disminuido, siguen siendo una amenaza latente que genera incertidumbre y miedo. Todo esto refleja un abandono institucional sistemático que ha sido denunciado incluso a nivel internacional", señala Akrikez.

El 15 de abril de 2024, el Ayuntamiento de Madrid, el de Rivas-Vaciamadrid, la Comunidad de Madrid y el Gobierno español firmaron el protocolo del Plan Extraordinario de Realojos en la Cañada Real. Este acuerdo incluye los realojos de 1.600 familias, pese a que las asociaciones vecinales y organizaciones sociales sostienen que "no los aceptamos en una situación de corte de suministro" porque "consideramos que el derecho a la vivienda digna no debe estar condicionado a abandonar nuestras casas bajo estas circunstancias".

A la falta de suministro eléctrico y los derribos ilegales se suman los vertidos de escombros. Las vecinas denuncian que han convertido la Cañada en "un vertedero improvisado" a raíz de "la práctica recurrente de vertidos ilegales", provocando graves consecuencias ambientales, así como, para la salud de las personas residentes. "Como no hay control ninguno están vertiendo todo tipo de basura. Tras los pocos realojos que se están haciendo no están limpiando adecuadamente las parcelas. Entendemos que hay una actuación premeditada de dejar a la gente encerrada entre basura. Con estos elementos están convirtiendo la Cañada en un entorno torturante para expulsar a los vecinos. Se trata de un desalojo forzoso", cuenta López.

Ante esta situación y a la espera de medidas inmediatas por parte de las administraciones públicas, tras la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa, Akrikez insiste en la urgencia de seguir defendiendo las principales demandas vecinales: "Pedimos el restablecimiento de la luz ya, contratos para las familias y la creación de una mesa de seguimiento que permita supervisar y garantizar la implementación de soluciones reales. Queremos que se respete nuestra dignidad y se garantice nuestra participación en las decisiones que afectan nuestras vidas".

El Salto