Ultraderecha vs. democracia. Primer asalto

Lo único que se puede reprochar, desde el punto de vista legal, a los líderes catalanes, es la desobediencia al Tribunal Constitucional. Ese era el cargo inicialmente, hasta que Vox entró en la causa como acusación popular, cual caballo en una cacharrería, sacándose de la manga (o de la caverna) una acusación estrambótica, en la que nadie había pensado simplemente porque no se acerca ni de lejos a los hechos acontecidos.

Sin embargo, los poderes se agarraron a aquel clavo ardiendo, abrasador y tóxico: aceptaron aquel despropósito e hicieron suyas las acusaciones, permitiendo que la ultraderecha marcase el paso de este juicio, de la misma manera que, con la connivencia de los medios de comunicación, Vox ha marcado los temas a debatir en las últimas campañas electorales. ¿Para quién era un tema a debatir, hoy por hoy, el divorcio o la homosexualidad?

La ultraderecha, el fascismo, ha llevado la batuta. Es curioso que se haya acusado a algunos partidos, en ocasiones, de alinearse con los independentistas, y sin embargo a nadie le molesta, aparentemente, alinearse con la ultraderecha en su persecución obsesiva, cueste lo que cueste, del movimiento soberanista. Aunque sea retorciendo el código penal.

El gobierno ordenó encarcelar a los líderes catalanes. Lo afirmó la propia vicepresidenta: “¿Quién ha conseguido descabezar al independentismo? Mariano Rajoy”, fueron sus palabras. Lo que inició el gobierno del Partido Popular, lo ha continuado su escisión, Vox, ya sin disimulos. Es decir, insisto: el poder político ordenó encarcelar a estas personas, y cuando se le pide que las libere, se escuda en la separación de poderes. El gobierno contesta a la ONU: no podemos liberar a los presos, eso compete a la justicia, es que ustedes (y con “ustedes” se refieren a expertos internacionales de las Naciones Unidas) no tienen en cuenta la separación de poderes. ¿Pero es que nadie se ha dado cuenta de que lo que la ONU está queriendo decir es precisamente que NO hay separación de poderes en España?

El juicio ya empezó mal, desde el punto de vista del derecho: todos los jueces, aquí y en Sebastopol, son humanos. Por su profesión se esmeran en actuar con imparcialidad, pero son personas con sus inquietudes y sus afinidades. Este hecho, inevitable, lo tienen en cuenta los sistemas judiciales de todos los Estados de derecho —incluido el nuestro—, y es por ello que uno de sus preceptos básicos para que todo el sistema sea imparcial es el principio del juez natural: donde se cometa el delito, se juzga. De esa forma no se puede nombrar al juez que se quiera para juzgar tal o cual caso, sino que el caso corresponde “a quien le toque”. Al saltarse este principio, la propia celebración de este juicio aquí en Madrid, se salta las normas del derecho. Es un tribunal de excepción.

A continuación, ya en este tribunal de excepción, había que argumentar la estrafalaria acusación de Vox, unos delitos que se aplican en caso de alzamiento violento. Pero es de sobra sabido que en el procés, la única violencia fue la cometida por el Estado español en su intento de represión. El gobierno se dio cuenta enseguida de que no había sido una buena idea —ante el estupor e indignación de todos los demócratas españoles y de toda la comunidad internacional, recordémoslo— y a mediodía ordenó a la policía detener las cargas.

Los catalanes no solo no cometieron ningún acto violento, sino que todo lo hicieron por la vía política más democrática y ejemplar. Pero eso, al parecer, ha dejado de importar. Durante muchos años, cuando la ETA mataba, escuchábamos la respuesta de todas las instituciones: “esa no es la vía, si queréis la autodeterminación, debéis buscarla por la vía política”. Tenían razón. Y sin embargo, ¡sorpresa! Ahora que los catalanes lo han intentado por la vía política, hemos descubierto que aquel mantra no era más que una mentira. ¡Por la vía política tampoco se puede!

¿Y qué hacemos entonces —como país, como sociedad— con todas las personas que han creído en la vía política?

No hay que olvidar en ningún momento que, a pesar de que los cuerpos de seguridad tenían orden de impedir la votación, a pesar de todo el miedo que el Estado se esforzó por transmitir, dos millones trescientas mil personas decidieron votar. Contra viento y marea. Arriesgándose a recibir un palo o una multa. ¿A nadie le ha dado qué pensar? ¿Qué vamos a hacer con todas esas personas? ¿Alguien en su sano juicio puede pensar que por condenar a estos líderes, los millones de catalanes y catalanas que fueron a votar (y otros muchos que no votaron por las presiones pero apoyaban la celebración del referéndum), van a quedarse en su casa y olvidarlo todo? La prueba palmaria de que eso no va a ocurrir es que han seguido votando a los líderes soberanistas ya estén en prisión o en exilio. Son demócratas auténticos, y no cejarán en su empeño.

Quien se sienta en el banquillo de los acusados de este juicio no son esos nueve líderes: son los millones a los que representan y a los que, según las últimas elecciones, siguen representando.

La paradoja de condenar a todos los que participaron en el referéndum, incluidas las 250.000 personas que votaron en contra de la independencia, nos demuestra que lo que se está persiguiendo aquí no es solo el independentismo, es la participación ciudadana en las decisiones políticas. El “pecado mortal” es que las ciudadanas y ciudadanos participemos, que tomemos la palabra para decidir nuestro futuro, sin intermediarios.

Si nos quedamos en casa y no protestamos ante la injusticia, ante la criminalización de la protesta, de la movilización, y sobre todo de la participación ciudadana, estamos perdidos. La jurisprudencia que sentará esta sentencia nos va a afectar a todas y todos. Triste futuro espera a nuestros hijos e hijas, a nosotros mismos, si nos quedamos callados. Alcemos la voz el próximo día 23.

Concentración bajo el lema Autodeterminación es democracia. Libertad Pres@s Polític@s. Domingo 23 de junio a las 11h en la Puerta del Sol de Madrid.