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PSOE y PP van de la mano en la privatización de la sanidad madrileña
Ni Zapatero (PSOE) ni Rajoy (PP) dedicaron en sus discursos del 12 de mayo de 2009 en el debate sobre el estado de la nación, ni una sola palabra a la sanidad, ni a los procesos privatizadores.
El PP pretende convertir la sanidad madrileña en un inmenso mercado, disfrazándolo con supuestas ventajas para los pacientes como “Libre Elección” y “Área Única” (posibilidad de elegir en toda la Comunidad médico, enfermera y hospital), con la doble intención de:
- Establecer un sistema de competencia entre hospitales para captar “clientes”, lo que dará lugar a la división entre “pacientes rentables” y “no rentables”, rompiendo cualquier planificación sanitaria y cambiando la finalidad del sistema (de dar una asistencia sanitaria de calidad, a lograr beneficios económicos).
- Movilizar sin cortapisas al personal sanitario, buscando una reducción del 15 % de las plantillas.
Mientras el PP avanza inequívocamente en la privatización (el Consejo de Gobierno de la Comunidad del 10 de junio aprobó los anteproyectos de Área Única y Libre Elección, con la intención de hacerlos una realidad en pleno verano), la “oposición” parece que se limita a mirar los acontecimientos.
El mismo 12 de mayo, varias de las 23 organizaciones firmantes del “Alegato” contra el Área Única, se reunieron con Tomás Gómez y Eusebio Jabonero, secretarios general y de sanidad del Partido Socialista de Madrid (PSM), quienes se comprometieron a promover iniciativas parlamentarias para apoyar las reivindicaciones de estos colectivos.
En declaraciones tras la reunión, Gómez manifestó que detrás del decreto de libre elección de médico y área única sanitaria se esconde la "privatización".
No obstante, el secretario general del PSM rechazó la idea de derogar la Ley 15/97 de nuevas formas de gestión, al considerarla útil y beneficiosa para el sistema "si se le da buen uso".
Entre “todos” se mantiene la falacia y el engaño a la población. El PSM reconoce que tras la libre elección y el área única se esconde la "privatización", pero rechaza derogar la Ley que permite la entrada de empresas privadas en la sanidad pública, porque “la Ley es buena y es Esperanza Aguirre quien la utiliza mal”. Si es así, ¿cómo es que no se ha recurrido a los tribunales? Pues para no hacer el ridículo. El PSOE sabe perfectamente que las “concesiones sanitarias” están amparadas legalmente por la Ley 15/97, como afirma en sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Valencia:
[...]no hay reparo legal para la utilización del modelo de gestión utilizado para el Hospital de Alcira, destacando que la gestión indirecta mediante concesión no hubiera sido posible en el marco de la Ley General de Sanidad, pero que sí a través de la Ley 15/1997.
Lo mismo opina el Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid, Ángel Menéndez Rexach: “la apertura hacia otras formas de gestión se instrumentó mediante la Ley 15/1997”. El PSOE y quienes le apoyan están engañando a trabajadores y usuarios. De sobra saben que de nada sirven las iniciativas en el Parlamento de Madrid, donde el PP tiene mayoría absoluta. Si de verdad estuviesen interesados en parar la privatización, derogarían en el parlamento estatal la Ley 15/97.
Recientemente, Tomás Gómez ha anunciado el comienzo de una campaña de recogida de firmas contra el Área Única. Se trata a nuestro juicio de “una nueva verdad a medias”. Todos estamos contra el Área Única, pero ésta no se establecería si no se hubiesen privatizado antes los 8 nuevos hospitales (y se pensara en privatizar los 4 de próxima apertura). El Área Única es sólo el instrumento administrativo para redondear el negocio; el verdadero enemigo está en la Ley que ha permitido “y sigue permitiendo” el ánimo de lucro en la sanidad. Ahora el PSOE inicia la recogida de nuevas firmas cuando ni el Presidente del Gobierno, ni la Ministra de Sanidad, ni ningún Grupo Parlamentario ha respondido a nuestra petición de entrevista (hace más de un mes), ni han hecho declaración alguna, con motivo de la entrega de 400.000 firmas por la derogación de la Ley 15/97.
