Pablo González "no gustó mucho a Soros y fue incluido en una lista de la Open Society"

Y Madrid no está garantizando sus derechos básicos. Su esposa, Oihana Goiriena, explica a Sputnik por qué se convirtió en un "chivo expiatorio".

La oscuridad sigue siendo la tónica dominante en el caso del reportero freelance español Pablo González, encarcelado en una prisión de máxima seguridad en Radom, al sur de Varsovia, desde hace casi 21 meses. Un juez polaco acaba de prorrogar por séptima vez su reclusión por otros 90 días más. Sin cargos formales ni concretos, sin presentación de pruebas y con tan solo una acusación genérica de "espionaje", sus abogados apenas pueden armar la defensa de su caso, para el que tampoco hay fecha de juicio.

Durante un acto informativo en Madrid celebrado el día 18 en el centro social La Trinchera para denunciar su situación, su esposa, Oihana Goiriena, expuso los detalles del cerco que desembocó en la detención en Polonia de su marido el 28 de febrero de 2022 mientras cubría en la localidad fronteriza de Przemysl la crisis de refugiados desatada por el conflicto armado en Ucrania, y las características del régimen de aislamiento que lleva soportando desde entonces.

"Se están vulnerando todas las garantías procesales y sus derechos básicos, y como no hay auto de acusación, sus abogados andan un poco a ciegas", manifestó Oihana Goiriena.

Subraya que, en todo caso, los letrados tienen prohibido explicar la estrategia de defensa a seguir. Mientras tanto, a Pablo González se le está aplicando un régimen de reclusión "durísimo" porque se le cataloga de "preso peligroso". Se halla en un módulo pequeño, cercado y aparte. Ha perdido 20 kg de peso y ahora tiene un compañero en la celda, del que no hay datos.

"Pasa 23 horas dentro de la celda, solo sale una hora al patio, de 7×4 metros y que está tapiado, solo se ve el cielo. La mayor parte del tiempo ha estado solo. Comen dentro de la celda. No tienen ventana, solo es un tragaluz. Se comunica por carta, que son censuradas y llegan con dos meses de retraso. Esto es tortura. A esto se le llama quebrar el alma: consiste en romper todos los vínculos con el exterior, todo trato social, romper los vínculos familiares para que se sienta tan solo en su agujero, que se preste a lo que le digan: firmar una confesión que le pongan delante", denunció Oihana Goiriena.

La última carta la recibió el 17 de septiembre y Oihana Goiriena leyó en público un extracto:

"Despertar, desayunar, entrenar, comer, siesta, teléfono [puede llamar a los abogados], escribir, merendar, leer, escribir, entrenar, cenar, ver la tele, dormir. Así cada día. Siguen esposándome por detrás, aunque hace ya un tiempo que no enseño los genitales a nadie en vivo. Las cámaras no cuentan, es como si no estuvieran".

"Es lo único que le pedimos al ministro [José Manuel Albares, responsable de Exteriores], que defiendan sus derechos. Su inocencia ya la defenderán sus abogados. Que haga presión para que Polonia presente cargos y pruebas. Él quiere defenderse", declaró Goiriena durante el acto, en el que estuvo acompañada por el ex europarlamentario Javier Couso y por Cristina Ridruejo, del Grupo de Apoyo a Pablo González.

Un olvido mediático interesado

El conflictivo contexto internacional y la tensa situación geopolítica en el mundo son razones que han contribuido a proceder al arresto de Pablo González y mantener su penosa situación. Así lo piensa Cristina Ridruejo, que definió la cárcel de Radom como "el Guantánamo europeo" y aseguró tener la certeza de que desde el Ministerio de Exteriores de España se ha presionado a los medios de comunicación "para que no se hable" del caso de González.

"Los medios hegemónicos obvian este caso", recordó Ridruejo, que resaltó la conversión "a la fuerza" de Oihana Goiriena en "activista por los derechos de su marido". A su juicio, su arresto es un "aviso a navegantes: periodistas, aquí, ni uno", dijo. Preguntada por si el canal La Sexta se interesa por el estado de Pablo González, Goiriena afirma que "dicen que lo lamentan, pero también me dijeron que no pueden hablar mucho del tema".

"Pablo está abandonado absolutamente por el Gobierno, por la mayoría de los políticos y por la mayoría de los compañeros de la prensa; lo han querido convertir en un ejemplo", explicó por su parte Javier Couso, que advirtió de la actual atmósfera de señalamiento en Europa. "Se ha prohibido llevar la bandera palestina en Gran Bretaña, Francia y Alemania. En Alemania se está trabajando legislativamente para aceptar la defensa de Israel per se", recordó.

Couso vinculó la rusofobia con el control de la información. "Es una operación necesaria para convencer a las poblaciones", explicó. En su opinión, tal cosa se consigue "quitando de en medio a los periodistas que discrepen de la versión dominante". Y en este contexto, continuó, "nuestros dirigentes llegan al punto de aplaudir a quien prohíbe a sus partidos homólogos en Ucrania, a los que queman vivos a sindicalistas en Odesa, y eso se consigue controlando la información".

¿Mejor perspectiva con cambios de gobierno?

El nuevo Ejecutivo de coalición polaco, que liderado por Donald Tusk sustituirá al que hasta ahora conformaba el del partido PiS (Justicia y Libertad), podría abrir un margen para que el caso avance.

"Aunque sea, poniéndose fecha al juicio y como echando la culpa de este desaguisado al Gobierno anterior", declaró Cristina Ridruejo, para quien la crisis en Palestina parece entrañar un cambio de prioridades en EEUU y la OTAN que puede agilizar el final del conflicto en Ucrania. "Y si acaba el conflicto en Ucrania, acaba el estado de excepción en Polonia", resumió esta activista, que se mostró menos confiada en un cambio de actitud dentro del nuevo Gobierno español.

De hecho, José Manuel Albares ha revalidado su cargo como jefe de la diplomacia española en el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez."Hemos presentado ocho cartas al ministro Albares, todas sin respuesta. También hemos escrito al Defensor del Pueblo, a la Comisión Europea, al Defensor del Pueblo polaco y a la Embajada de Polonia en España", enumeró Ridruejo, después de recordar que el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ya recomendó que Pablo González aguardara su juicio en España.

En una lista negra

Oihana Goiriena calificó el caso de su marido de "chivo expiatorio". Explicó que sus pasaportes español y ruso no son falsos, "como dice Polonia", sino producto de la obtención de la nacionalidad española, una vez su madre, hija de uno de los niños españoles evacuados a la URSS durante la Guerra Civil española, decidió mudarse a España en 1991 con su hijo, entonces de nueve años de edad. Licenciado en Filología Eslava, realizó un máster de periodismo multimedia y otro en estudios estratégicos, por lo que se especializó en el espacio postsoviético.

"Pablo estuvo en el Donbás, en el Euromaidán, estuvo en las trincheras con el batallón Azov, también con el batallón Somalia, que es prorruso. Entrevistó a todos. Pero se ve que no gustó mucho a George Soros. Fue incluido en una lista de la Open Society como informador prorruso. Creemos que todo se inició allí. Se puso una diana sobre él, se le señaló como informador prorruso y desde entonces ha estado monitorizado", explica Goiriena.

Fue en 2016 cuando gracias a una filtración en el portal DCLeaks.com se pudo constatar la composición de esa lista. Allí aparecieron 49 nombres, entre los cuales figuraban Javier Couso, entonces eurodiputado, los profesores universitarios Javier Morales y Asier Blas, la reportera de TVE Pilar Requena, el humorista Facu Díaz o el propio Pablo González, entre otros. Su confección corrió a cargo de Nicolás de Pedro y Marta Ter, investigadores del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) y del Observatorio de Eurasia, respectivamente.

El cerco se estrecha

En su exposición, Oihana Goriena explicó que semanas antes del 24 de febrero de 2022, Pablo González fue interrogado durante cuatro horas por los servicios especiales ucranianos, que le conminaron a abandonar el país so pretexto de ser un agente ruso, luego de ver que colaboraba con el diario vasco Gara y que tenía una tarjeta de crédito de la entidad bancaria vasca Laboral Kutxa. Pablo González llamó entonces al embajador de España en Kiev y este le confirmó que no había ningún caso abierto contra él, por lo que decidió seguir en Ucrania.

"Pero cuatro días después, a su madre en Barcelona, a su mejor amigo en Barcelona y a mí, nos visitó el CNI [Centro Nacional de Inteligencia]", afirma Goiriena. Los agentes le hicieron ver que sabían todos los datos de su vida profesional y cotidiana. "Me llegaron a decir cosas como tienes que darte prisa, porque tus hijos enseguida llegan del colegio y los tienes que llevar al entrenamiento a tal pueblo", asegura ella. Avisado de tal episodio, Pablo González decidió regresar de Ucrania.

El CNI no se dejó sentir y, convencido de que no había ningún problema, el 24 de febrero, una vez comienza la intervención militar rusa, González volvió a Ucrania para continuar trabajando en sus crónicas para los diarios Público, Gara y el canal televisivo La Sexta. "Y el 28 de febrero me llama y me dice que está detenido, que llamara al abogado y a su madre", recuerda su esposa, que no pudo volver a hablar con él hasta meses después, hasta el 21 de noviembre de 2022.

Derechos vulnerados

Pablo González fue encarcelado y durante las dos primeras semanas no tuvo ningún abogado asignado. Cuando se le proporcionó uno de oficio, a los quince días renunció a su defensa. Hasta mediados de abril de 2022 no se designó un abogado polaco privado. Gonzalo Boyé, su abogado español, no fue admitido de inicio. "No tuvo contacto con él hasta marzo de 2023, un año después de su detención", recuerda Goiriena.

"Hay una acusación genérica de espionaje, pero esto es el tipo penal. Tienen que especificar en qué se basan para acusarlo de espía. ¿Cuáles son los cargos sobre hechos delictivos concretos? Tienen que presentar pruebas, pero no lo han hecho. Sus abogados no saben exactamente de qué lo tienen que defender y no pueden articular la defensa. Así que su derecho a la defensa está vulnerado y no se está garantizando, como mantiene el ministro español de Exteriores".

Los gastos para afrontar los viajes y su defensa son altos. Entre los cometidos de la asociación #FreePabloGonzález también está el de percibir donaciones voluntarias para sufragarlos. Según el equipo jurídico polaco también contratado, el juicio no se celebrará pronto.

"Creemos que como no tienen caso, ni cargos, ni pruebas, lo están alargando todo lo que pueden. Porque si fueran a juicio, lo único que harían sería el ridículo", dice Goiriena, que lamenta el modo en que está siendo pisoteado su derecho a hablar con sus hijos por teléfono, todos menores. "Nos dicen que no saben quién pudiera estar al otro lado del teléfono. Les hemos dicho que hay Skype, pero se niegan", cuenta.

En la segunda y última ocasión en que Oihana Goiriena pudo visitar a su marido, el 16 de junio, en todo momento estuvieron acompañados de un funcionario de los servicios secretos, una traductora y tres funcionarios de prisiones, uno de ellos fuertemente armado. "Dos horas para los tres: su madre, el hijo mayor y yo", concluye.