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Manifestación en homenaje a Lucrecia Pérez: el racismo institucional sigue intacto y se profundiza
Hace 28 años que se reconoció por primera vez un asesinato racista como delito de odio. Sin embargo, muy lejos estamos de haber acabado con el racismo institucional.
Hace 28 años que se reconoció por primera vez un asesinato racista como delito de odio. Sin embargo, muy lejos estamos de haber acabado con el racismo institucional. Mientras la extrema derecha enarbola el odio, el gobierno lo materializa: construye nuevos CIEs, represión en Ceuta y Melilla, no regulariza a los temporeros y deja ahogarse a los inmigrantes.
Lucrecia Pérez, una mujer dominicana, fue asesinada a tiros en Madrid a manos de un guardia civil con la ayuda de tres menores. Todos ellos pertenecían a un grupo neonazi. La conmoción y rabia de la comunidad dominicana y gran parte de la sociedad civil sentó las bases para que las instituciones, siempre reacias a reconocer el racismo estructural, reconocieran el asesinato como el primer crimen de odio racista.
1992. El 13 de noviembre, el guardia civil Luis Merino Pérez, de 25 años, encapuchado y acompañado por los menores Felipe Carlos Martín, Víctor Julián Flores y Javier Quílez, de 16 años, salieron a la calle para participar de una “cacería de inmigrantes” organizada por la extrema derecha. A las 21.00 irrumpieron a tiros entre las ruinas de la discoteca Four Roses, en Aravaca, donde se refugiaban personas de origen dominicano sin hogar. Una de las personas heridas de gravedad, Lucrecia Pérez, sería quien perdería la vida.
El crimen conmocionó a la comunidad dominicana, pero no sorprendió: “se venía venir”, responderían a los periodistas las mujeres dominicanas de Aravaca. Durante los noventa el racismo orgulloso de los grupos de extrema derecha tuvo su máxima expresión en miles de asesinatos a personas migrantes. El 1 de noviembre, 12 días antes del crimen, la Policía Municipal cargaba brutalmente contra los dominicanos que todas las tardes se reunían en la plaza-parque de Aravaca.
Y es que, a día de hoy, es más urgente que nunca recordar que el racismo de la extrema derecha nunca cae como rayo en cielo sereno, entonces (y ahora) era alimentado por el racismo institucional presente en el actuar de la policía, el gobierno y la justicia. Eran frecuentes las cargas policiales y detenciones. La policía actuaba con la tranquilidad de saberse amparada por los medios de comunicación. Prensa y televisión garantizaban, no solo el lavado de cara de las autoridades, sino el clima de crispación necesario que acompañaba al estigma y la caricaturización de los migrantes. Latinos, marroquíes y afros eran descritos como un problema de orden público, molestos en las plazas.
El Ministerio de Igualdad realizó esta mañana un minuto de silencio en recuerdo de Lucrecia Pérez. Es bajo esta perspectiva que los actos del Ministerio de Igualdad adquieren otro significado. Un acto simbólico del mismo gobierno que, hace unos días, anunciaba un incremento en la partida presupuestaria destinada a la construcción de nuevos Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs), o refuerza las fronteras ante la crisis de refugiados y mira para otro lado ante incremento de los naufragios en el mediterráneo. Un gobierno con doble cara que en lo simbólico y discursivo dice defender a todos, “no dejar a nadie atrás”, y en los hechos, tiene unas políticas indistinguibles respecto de otros gobiernos europeos de derechas. El erario público es generoso con las fuerzas represivas. El Ministerio de Igualdad con los lavados de cara.
De este modo, hace una semana el gobierno afirmaba que los CIE son “necesarios” ya que suponen el único medio para “garantizar y materializar” la no acogida de los inmigrantes y solicitantes de asilo. Así lo contempla el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2021. De este modo, se planea la construcción de nuevos CIEs en Algeciras, Madrid y Málaga.
No es casualidad, siguiendo esta política, que el Mediterráneo se haya convertido en los últimos años en un cruel escenario donde más de 20 mil personas han fallecido desde el 2014. Varias ONGs así lo denuncian, como el Open Arms. Estas personas, procedentes de África y Medio Oriente, de países que son generalmente sometidos y saqueados por las potencias europeas, intentan escapar hacia Europa con el objetivo de conseguir lo mínimo para subsistir con sus familias. Frente esta realidad la respuesta del gobierno “progresista”, lejos de intentar garantizar los derechos básicos, es el cada vez mayor endurecimiento de sus políticas xenófobas y antiinmigrantes. En este punto, el blindaje de las fronteras a quienes huyen de la guerra y el hambre es inseparable de esta crisis humanitaria.
Los delitos de odio en los noventa fueron demasiado evidentes como para que el Estado pudiera continuar mirando para otro lado. La respuesta institucional a estos delitos cambió en algunos aspectos en el año 2014, fruto del descontento social con el actuar de la justicia y las fuerzas represivas. Nuevas reformas hubo en el año 2015. Sin embargo, estos crímenes siguen sucediendo. No es casualidad que, en el recuerdo al 28 aniversario del asesinato de Lucrecia, numerosos colectivos de personas migrantes y antirracistas exijan la derogación de la Ley de Extranjería, el cierre de CIEs, la despenalización de la venta ambulante de los manteros, el fin de las devoluciones en caliente o de las “redadas” de identificaciones racistas de la policía. Este viernes 13 de noviembre volvemos a las calles: Lucrecia Pérez, ¡siempre presente!
