Madrid vuelve a movilizarse por la vivienda digna y sostenible

Ante la falta de avances en política habitacional

Después de la gran manifestación del 13 de octubre, casi nada ha cambiado en materia de vivienda, más allá de anuncios y promesas poco ambiciosas que no terminan de concretarse. El lema que encabezará la manifestación que saldrá este domingo 9 de febrero de Atocha refleja el hartazgo de las organizaciones convocantes: “Vivienda digna y sostenible ¡Ya!”.

“A pesar de la masiva movilización ciudadana, las administraciones han seguido sin tomar las medidas necesarias”, refleja el comunicado elaborado por decenas de organizaciones convocantes madrileñas organizadas ahora en “Hábitat24”, una plataforma amplia en la que participan entidades como ATTAC, Amnistía Internacional, Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), plataformas anti desahucios, sindicatos y ecologistas, entre otras muchas.

La nueva plataforma carga directamente contra la Comunidad de Madrid por favorecer la especulación inmobiliaria, aunque también critica al Gobierno central por la tibieza de las medidas anunciadas.

“La Comunidad se opone a la ley general de vivienda de 2023 y se niega a declarar las zonas tensionadas para controlar la subida de los alquileres, mientras que el Gobierno sigue permitiendo a los fondos buitres que especulen con las viviendas del banco malo en manos de la SAREB, a pesar de que el Estado controla el 51% de las acciones”, explica Eubilio Rodríguez, integrante del Observatorio de los Fondos de Inversión de ATTAC.

La vivienda, por más que los colectivos sociales recuerdan que es un derecho que debe ser promovido por los poderes públicos, como recoge la Constitución, hoy por hoy “se ha convertido en una pieza con la que juegan los fondos de extracción, que se lo pasan de unos a otros, solo para obtener el máximo beneficio en el meno tiempo posible”, señala Rodríguez.

El comunicado de los convocantes especifica que la Ley Ómnibus de acompañamiento presupuestario aprobada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid “es un buen ejemplo de legislar al dictado de los intereses del poder económico”, al favorecer “los negocios de fondos de inversión, rentistas y especuladores”.

A la vez, denuncian que “su famoso Plan Vive” se ha convertido en “un auténtico fracaso al priorizar los intereses de los inversores sobre el derecho de la ciudadanía a una vivienda digna, adecuada y sostenible” y destacan su responsabilidad en “el abandono deliberado de Cañada Real, donde miles de personas siguen sin suministro eléctrico” y en “el desastre de San Fernando de Henares y Coslada, donde la construcción de la línea 7B ha dejado a centenares de familias con viviendas en ruinas”.

La principal demanda que defiende Habitat 24 no es otra que la declaración como tensionadas de las zonas que mayores subidas de alquiler están registrando, así como la creación de un verdadero parque público a partir de la recuperación de los pisos que gestiona la SAREB, que sirva tanto para ofrecer alternativa a los desahucios que siguen ejecutándose como para competir con los oligopolios inmobiliarios y grandes tenedores de vivienda y rebajar así los precios de la vivienda.

Aunque los sindicatos de inquilinos siguen defendiendo la necesidad de llamar a una huelga general de alquileres y tratan de definir la mejor estrategia a seguir, Hábitat24 ha elaborado un decálogo de reivindicaciones que incluye también la prohibición de desalojos sin alternativa habitacional, la suspensión de las licencias de pisos turísticos, así como la adecuación de los barrios y pueblos al nuevo escenario de cambio climático y la resolución de la situación en San Fernando y Coslada, pero también de La Cañada Real Galiana.

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