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18/11/2019 :: Madrid, Estado español

Lo que se pierde en el desalojo de un centro social. Sobre La Ingobernable

x Emmanuel Rodriguez
La Ingobernable, como todo centro social okupado, no necesitaba más justificación que su propia actividad

Uno, dos, tres y así hasta 32 vehículos de policía han aparecido el 16 de madrugada en el edificio de la esquina del Paseo del Prado con la calle Gobernador. Desde hacía dos años y medio, estaba allí instalado el Centro Social La Ingobernable, espacio social autogestionado con coste cero para los madrileños. Para el desalojo de un edificio cuyos ocupantes solo habían propuesto la vía del diálogo, se ha puesto en marcha un operativo con más de 130 policías. Hoy por la mañana, Almeida escribía con un tono revanchista apenas contenido: “Esta es la única interlocución que vamos a tener en la ciudad de Madrid con los okupas”.

Vieja sede de la UNED, centro de salud, oficina del BOE durante el franquismo, el edificio de la Calle Gobernador llevaba años vacío y en rápido proceso de deterioro. Había sido cedido bajo manga y con escasa transparencia a la Fundación Ambasz por la administración Botella: episodio enésimo de políticos y arquitectos estrella convertidos en amigos de negocio, en este caso para la apertura de un fantasmagórico museo, que se demoraba años y que no había visos de inaugurar. Todo ello en un edificio público, con dinero público, sin consulta pública, sin participación popular. 

La Ingobernable okupó (sí, con “K” de kilo) ese edificio y lo mantuvo abierto durante 30 meses en los que se realizaron más de 3.000 actividades, por las que pasaron decenas de miles de personas. La Ingobernable podía competir en actividad y riqueza con todos los centros culturales del Ayuntamiento, pero también con La Casa Encendida, patrocinada por Bankia, o el Caixa Forum de La Caixa, situado a escasos metros. Podía hacerlo con dos ventajas: lo hacía en un edificio en desuso, que ponía de nuevo en circulación, otorgándole un “valor” que no podía tener de otra manera; lo hacía sin ningún coste para el erario público, ni en términos presupuestarios, ni en términos de desgravación fiscal, que es como operan los centro culturales de las entidades financieras.

En estos meses se han contrapuesto dos legitimidades. De un lado el alcalde y Villacís, que han señalado a todos los usuarios del centro social (esto es, a miles de personas) como “caraduras”, “gorrones”, “delincuentes”, que se “aprovechaban” de un bien público, de una propiedad sobre la cual no tenían ningún derecho. La de Villacís y Almeida era la razón burocrática, que viene a decir así: todo lo que es público es prerrogativa patrimonial del Estado; esto es, no de los ciudadanos, sino del Estado, o en todo caso de sus representantes legítimos. De otro la legitimidad de los okupantes, que habían levantado de la nada (de una ruina social y política) un espacio cultural vivo, en el que sin financiación del Estado pusieron en marcha un programa completo de actividades públicas y gratuitas: talleres, gimnasio, discusiones, aulas informáticas, guardería, biblioteca, etc. Esta es la razón democrática, aquella que defiende la organización y la participación directa de la ciudadanía en todo lo que se refiere a sus propias decisiones y a sus propios recursos. 

La Ingobernable, como todo centro social okupado, no necesitaba más justificación que su propia actividad. Bastaba considerar lo que se hacía allí dentro. Bastaba darse una vuelta por el espacio una tarde cualquiera. Bastaba hacer una consideración sobre la base de que gana o pierde la ciudad con o sin su existencia. En la ola de revanchismo social y político, a la que se ha sumado el alcalde, La Ingobernable era una pieza de presa, un titular para mayor gloria de Almeida, convertido en campeón contra todo aquello no encuadrado en una estrecha idea de ley y orden. Sobre el valor y la actividad de La Ingobernable no ha habido consideración, valoración alguna. 

En casi todas las ciudades de la Europa 'democrática' existen centros sociales ocupados reconocidos por las instituciones por su actividad cultural y social, reconocidos como una riqueza que las administraciones públicas son incapaces de crear. Es hora de que Madrid deje de ser una excepción. La anterior alcaldesa, Manuela Carmena, no fue capaz de dar un paso en esta dirección. Hoy Almeida ha dado un paso atrás. Pero incluso para la más estrecha mentalidad burocrática y legalista, La Ingobernable ha dejado algo positivo a la ciudad de Madrid. Difícilmente este edificio podrá ser cedido a otra Fundación Ambasz. Su único destino posible es el de un servicio público.

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