La nueva ley de Aguirre posibilita la privatización de todos los hospitales

Seis nuevos centros serán gestionados como empresas privadas. La empresa Capio, beneficiada por la Consejería en su mapa sanitario, fue rechazada por Cruz Roja en 2005 como compradora de sus clínicas.

Todos los hospitales públicos de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) podrán ser gestionados como empresas privadas. Una disposición adicional de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la CAM para 2007 así lo permite. La misma ley ya contempla en su capítulo V que la parte pública de seis de los ocho nuevos hospitales con los que va a contar la región no sea gestionada directamente por la Administración.

Los centros podrán contar con personalidad jurídica y presupuestos propios. Hoy, hospitales como La Paz o el 12 de Octubre dependen de la caja única de la Seguridad Social. Con la ley presentada por el Gobierno de Esperanza Aguirre, tendrían que responsabilizarse de sus propios fondos de forma independiente y podrán endeudarse, como sucede con cualquier empresa privada. También harán su propia selección de personal al margen de los mecanismos regulares establecidos en la Administración.

La relación de fuerzas hoy existente en la Asamblea de Madrid haría posible esta fórmula, dado que la norma prevé que sea la cámara autonómica, gobernada en solitario por el PP, la que pueda proponer por ley la transformación de los hospitales en empresas sujetas al derecho mercantil.

Privatización a dos bandas

Esto ya sucede en dos de los 29 hospitales de la red sanitaria pública de Madrid, el de Alcorcón y el de Fuenlabrada. Y sucederá a partir de ahora con los futuros centros de Vallecas, Arganda, Aranjuez, Coslada, San Sebastián de los Reyes y Parla. Estos centros ya estaban siendo construidos con financiación privada (ver DIAGONAL nº 41).

La Asociación en Defensa de la Sanidad Pública Madrileña (ADSPM) incluía en un reciente informe el caso de Alcorcón y Fuenlabrada como ejemplos de las consecuencias de este modelo de gestión: menor número de camas, quirófanos y profesionales, y en consecuencia menor número de intervenciones y consultas. El de Alcorcón fue el hospital del INSALUD con mayor número de reclamaciones en el año 2000. Las condiciones que sufrirán los futuros empleados de los seis hospitales en construcción, o los empleados de los centros ya existentes, también causan reservas.

"El nuevo sistema va a hacer de cada hospital una isla con sus propias condiciones", señala a DIAGONAL Manuel Rodríguez, de CC OO. En las recientes convocatorias de huelga en Alcorcón y Fuenlabrada, la plantilla reclamaba la igualación de sus condiciones con las del resto de empleados de la sanidad pública madrileña. El mapa sanitario

Con este golpe, Aguirre deja a otros 450.000 habitantes con un hospital de referencia sin gestión pública directa. El futuro hospital de Vallecas se suma así a la propia Fundación de Alcorcón y a la Fundación Jiménez Díaz como centros de área gestionados con criterios mercantiles. Juntos atenderán, según la zonificación sanitaria propuesta por la Consejería de Sanidad en julio, a más de 1.100.000 madrileños. De esta cantidad, la correspondiente al área 14 va a quedar en manos de la multinacional Capio, propietaria de la Fundación Jiménez Díaz. Así, la atención sanitaria de referencia para más de 421.000 habitantes queda destinada a la gestión de una empresa que fue rechazada en 2005 como compradora de los 10 hospitales que posee la ONG Cruz Roja en el Estado español.

Según ha podido saber DIAGONAL, Cruz Roja fue presionada por los sindicatos presentes en algunos de sus hospitales (como el de Gijón) para rechazar la oferta de Capio. La puja no cumplía el requisito de mantener la plantilla ni los objetivos económicos previstos. Esta misma compañía, cuyo accionista mayoritario es el fondo de capital riesgo Apax Partners, también es propietaria del hospital de Valdemoro, fijado por la Consejería como centro de salud auxiliar para un área de 500.000 habitantes.

Tras conocerse el contenido de la Ley de Acompañamiento, CC OO y UGT convocaron dos jornadas de huelga general en la sanidad pública madrileña para el 14 y el 15 de diciembre. La convocatoria, que rompe dos años de paz social mantenida por estos sindicatos con la Consejería de Sanidad, llega tres meses antes de las elecciones sindicales en la sanidad madrileña y en año preelectoral, motivo por el que ha sido visto con recelo por diversas organizaciones.

Escapar del control público

La Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad de Madrid (CAS Madrid) ha rechazado rotundamente la nueva medida de Esperanza Aguirre. Pero la incluye en una tendencia de más largo recorrido. El PP estaría privatizando la "parte pública" de los nuevos hospitales, construidos con financiación privada y con la previsión de subcontratar buena parte de sus servicios a empresas con ánimo de lucro. Así, el cambio de figura jurídica posibilitará sobre todo que "empresas creadas con dinero público" eludan "controles que actualmente se aplican a los centros sanitarios públicos" en materia presupuestaria y de contratación. Integrada por los sindicatos CGT, CNT, Solidaridad Obrera y plataforma sindical de la EMT, CAS Madrid ha denunciado en un comunicado la connivencia del PSOE con este tipo de políticas. "La ley 15/97 permite la privatización de la sanidad pública y fue aprobada con los votos del PSOE", señala la coordinadora. Asimismo, fuentes de CAS Madrid desconfían de la convocatoria de huelga anunciada por CC OO y UGT por su trayectoria negociadora con la Consejería.

Diagonal