La independencia judicial y el caso Dani Gallardo

El monotema de la pandemia a efectos informativos se ve entreverado de vez en cuando por otras cuestiones, siendo una de ellas, en este otoño de 2020, la independencia del poder judicial y su supuesta puesta en entredicho, derivada de un proyecto de reforma del Gobierno en el modo de elección de su máximo órgano administrativo, el Consejo General del Poder Judicial.

La idea de independencia del poder judicial emana de los principios de la Ilustración y por tanto está imbuida de la concepción idealista del pensamiento burgués, entendiéndose en su aspecto puramente psicológico, en referencia a jueces y magistrados, como libertad para “juzgar en conciencia”, es decir, libres formalmente de las influencias y presiones (ya sea por amistad, por soborno o por miedo) de personas o grupos ajenos al sumario. El símbolo de la justicia como una mujer con los ojos vendados es una alegoría de esa independencia o libertad de juicio según la cual deberían actuar los tribunales de justicia.

Pero solo desde la ingenuidad podemos suponer que esta independencia formal y subjetiva, que ha de suponerse en las actuaciones judiciales, puede convertirse en independencia objetiva, entendida ésta como imparcialidad o neutralidad en el momento de instruir el proceso y de emitir la sentencia, porque ahora la influencia de factores extrínsecos es evidente e inevitable en el contexto de una sociedad estructurada en clases, de modo que el “buen juicio” se refiere a una actuación judicial acorde con el esquema de valores imperante en una sociedad dada, que no es sino la ideología de la clase dominante.

Valorar los hechos probados y aplicar una norma es una acción inserta en contextos ideológicos que la ideología burguesa enmascara de un modo más o menos consciente. Y si la independencia significa simplemente separación de un asunto del contexto en el que el asunto está inserto, se produce una distorsión del mismo, de modo que juzgar ateniéndose únicamente a la aplicación de unas leyes que encierran un esquema de valores propios de la sociedad en la que se elaboran, es un modo de falsa conciencia. El juez o tribunal de justicia, que se ve limitado a aplicar unas normas hechas a la medida del poder, tiene que saber que no es independiente objetivamente de la naturaleza de clase del poder.

Además, hemos de valorar en su justa medida que el modo de acceder a la judicatura, prácticamente imposible para personas provenientes de las clases populares, condiciona en gran medida la conciencia de quienes deben juzgar y hacer cumplir sus resoluciones. Según esto, pese a las opiniones vertidas en contrario, cuanta mayor independencia corporativa sea detentada por el poder judicial de una sociedad política, peores serán sus juicios, por muy trabajadas que sean las pruebas practicadas y elaborados los razonamientos jurídicos.

El debate mediático sobre la independencia del poder judicial enmascara que los distintos actores de la controversia juegan con las cartas marcadas, puesto que se confunde independencia con detentación, lo cual no quiere decir que esto no tenga sus causas y su funcionalismo social y político.

En esta como en otras cuestiones se obvia que los términos del debate se limitan a cuestiones concretas dentro de un consenso generalizado respecto al fondo del asunto, de modo que, por ejemplo, si parte de la independencia judicial es el derecho a un juez natural predeterminado por la ley, habríamos de concluir que la existencia de la Audiencia Nacional como tribunal especial es un atentado flagrante contra dicha independencia, pero esta cuestión no parece estar en el debate.

En los momentos en que se escriben estas líneas, octubre de 2020, se está juzgando en la Audiencia Provincial de Madrid el caso del joven Daniel Gallardo, que lleva un año en prisión provisional, a la espera de juicio por participar en una movilización celebrada en esta ciudad el 16 de octubre de 2019, contra la sentencia del “procés” y en solidaridad con el pueblo catalán que sufría la represión en aquellos días, algo que no es noticia para la prensa oficial, salvo la de Catalunya. La petición fiscal asciende a 6 años de cárcel y 3.000 Euros de multa.

No voy a extenderme pero si reseñar que diversas organizaciones populares y la propia defensa de Dani han señalado que nos hallamos ante un nuevo montaje policial ya que al parecer de dichos medios cuando el policía supuestamente agredido por Gallardo (con un palo de madera, afirma el agente) declaró ante el juez no tenía lesiones ni secuelas, y además parece ser que hay numerosas contradicciones entre los partes de lesiones.

Pero si es necesario recordar las palabras del ministro del Interior Grande-Marlaska durante las manifestaciones contra la sentencia del procés, hace ahora un año, en las que afirmaba la continuidad de la prisión preventiva para los detenidos en las protestas mientras estas continuaran. Nadie consideró estas declaraciones de “toma de rehenes” pronunciadas por el ex magistrado como un atentado contra la independencia del poder judicial.

El titular de interior se ha labrado una imagen de “progre” debido a sus muy legítimas opciones sexuales, sin embargo, en su etapa de Magistrado en la Audiencia Nacional instruyó 6 de los casos en los que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado Español por no investigar denuncias de torturas. Decía Bertolt Brecht que "muchos jueces son absolutamente incorruptibles; nadie puede inducirles a hacer justicia".

El Juez Instructor del caso Dani Gallardo ha denegado hasta 3 veces la libertad provisional de este joven, con argumentos tales como que “su segundo apellido es alemán”, lo que denota un especial riesgo de fuga ¡Otro ejemplo de independencia judicial!

Como afirman desde el Movimiento Antirrepresivo De Madrid, a Dani se le está usando como “cabeza de turco para evitar la solidaridad con Catalunya”, denunciando que su encarcelamiento es la extensión de la escalada represiva vivida en los últimos años contra el movimiento democrático catalán, especialmente contra la izquierda independentista y la juventud. La continuidad en prisión del joven gaditano pretende servir de aviso a navegantes para enviar un mensaje muy claro: la cárcel de pueblos y la democracia para ricos del Régimen del 78 no se cuestiona, ni en Catalunya ni en el resto del Estado.

Por último, el caso Gallardo no ha merecido pronunciamiento alguno por parte del socio de Gobierno Unidas Podemos, tal vez han preferido acogerse a la “independencia” del Poder Judicial y no confrontar con Grande-Marlaska en estos tiempos tan azarosos.

Francisco García Cediel