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La Fiscalía pide penas de hasta 7 años y 4 meses de cárcel para 21 personas por el Rodea el Congreso
La Fiscalía pide penas de hasta 7 años y 4 meses de cárcel para 21 personas por el Rodea el Congreso de 2012
El escrito de Fiscalía, emitido ocho años después de la convocatoria, reclama para los acusados penas que van desde los tres años y ocho meses de prisión hasta los siete años y cuatro meses. Desde el juzgado no han investigado los malos tratos y torturas que los detenidos denunciaron haber sufrido a manos de los agentes policiales.
Momento de la manifestación del Rodea el Congreso del 25 de septiembre de 2012. ÁLVARO MINGUITOTer García
25 FEB 2021 12:45
Más de ocho años después de la manifestación del Rodea el Congreso, la Fiscalía de Madrid ha emitido su escrito de acusación contra los 21 jóvenes que fueron detenidos en la convocatoria.
El escrito de la Fiscalía al Juzgado de Instrucción 35 de Madrid, que instruye la causa, acusa a los 21 jóvenes de desórdenes públicos, atentado y, en algunos casos, lesiones por encaramarse a vallas, gritar lemas de denuncia y arrojar objetos y propinar golpes a agentes de policía. Por ello, pide penas que van desde los tres años y ocho meses de cárcel hasta los siete años y cuatro meses.
“Nos parecen peticiones de condena muy desproporcionadas”, afirma Eric Sanz de Bremond, abogado de algunos de los acusados. Según subraya el abogado, estas peticiones de condena realizadas por Fiscalía ni siquiera tienen en cuenta las dilaciones indebidas en el proceso judicial. “Si hay un tema con dilaciones indebidas, es este, y estamos con el escrito de acusación, el juicio puede ser en un año como pronto”, resalta.
En los procesos judiciales que se alargan por motivos que no se pueden reprochar a las personas imputadas, el tiempo transcurrido en exceso se suele compensar con una rebaja de condena. Y en el caso del Rodea el Congreso de 2012 han pasado ocho años y cinco meses desde que tuvieron lugar los hechos.
Según afirma el escrito de Fiscalía, “sobre las 19h, de ese 25 de septiembre unos 500 individuos arremetieron violentamente contra el dispositivo policial desplegado tirándoles vallas y arrojándoles objetos contundentes”. El texto asegura los convocados se desplegaron para intentar impedir la salida de los diputados, lo que, según afirma el texto, habría sido impedido por el dispositivo policial.
Los hechos que cita el escrito en cuanto al motivo de detención de las 21 personas imputadas son, en la mayoría de los casos, lanzar objetos contra la policía. Uno de ellos, según detalla, se habría encaramado a una valla gritando “vamos a tomar el Congreso, ahí dentro están los ladrones que nos están jodiendo y estos pistoleros que los defiendes nos los llevamos por delante”. El texto de Fiscalía afirma que esta persona y acusados tiraron objetos a los agentes de policía y uno de ellos propinó una patada a un agente de policía.
A otro de los acusados, el escrito apunta que los agentes le encontraron tres pilas como las que momentos antes habían sido lanzadas a los agentes. Esta persona fue detenida, explica el texto de la Fiscalía, por dar una patada a un agente cuando este estaba deteniendo a otro manifestante. A otro, detenido, según afirma el texto, por pegar otro a otro agente, le encontraron un tirachinas tras su detención.
Uno más fue detenido porque superó el perímetro de seguridad establecido por los agentes de policía y se tumbó en el suelo, obligando a los agentes a tener que arrastrarlo fuera de la zona.
Otro de los acusados iba con un grupo de 35 personas que llegó a Neptuno desde Gran Vía, supuestamente con un palé oculto bajo una pancarta y arrojó objetos a la policía como latas de cerveza o botellas de agua. El detenido, afirma el escrito, golpeó con un palo a un agente, pero este agente de policía que recibió los golpes no ha sido identificado.
Otra persona está acusada de golpear con una maceta de albañil de un kilo de peso a un agente, pero este agente no sufrió ninguna lesión por ello. Otra persona más fue detenida por intentar detener la detención de una manifestante agarrando al policía.
El escrito de Fiscalía pide a once de las personas acusadas un total de cinco años y dos meses de prisión —tres años y ocho meses por desórdenes públicos y un año y seis meses por atentado a la autoridad—, para otros dos reclama cuatro años y dos meses —tres años y ocho meses por desórdenes más seis meses por resistencia—, a cuatro de ellos hasta siete años y cuatro meses —tres años y ocho meses por desórdenes más tres años y ocho meses por atentado a la autoridad—. Para el resto pide penas de tres años y ocho meses y cinco años y dos meses, y a uno de ellos, además, 2.730 euros de multa. También reclama para ellos el pago de indemnizaciones a los agentes de policía que van desde los 150 hasta los 2.550 euros.
De delitos contra la Nación a desórdenes
El 25 de septiembre de 2015, convocados por la coordinadora 25-S, miles de personas se concentraron en los alrededores del Congreso de los Diputados, en la madrileña Plaza de Neptuno, para denunciar la política de recortes del gobierno de Mariano Rajoy coincidiendo con la primera jornada de debates sobre los Presupuestos Generales del Estado. La convocatoria, ya antes de celebrarse, dio lugar a polémicas. Ocho de las personas que formaban parte de la coordinadora convocante fueron citadas pocos días antes a declarar por supuestos delitos contra altos organismos de la Nación por organizar la concentración. Ya antes de la celebración de la concentración, el Congreso de los Diputados cambió de estética, pasando a estar protegido por un fuerte dispositivo policial que se mantuvo durante años.
Durante la convocatoria, 35 personas fueron detenidas y la Policía afirmó, en un primer momento, que les acusaría también de delitos contra la Nación. La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid también apostó por imputarlos este tipo de delitos y derivar el caso a la Audiencia Nacional, pero pocos días después, el juez Santiago Pedraz devolvió el caso a los juzgados ordinarios. La causa contra las ocho personas convocantes de la manifestación también fue archivada por Pedraz, después de que se les hiciera seguimiento y se oficiara a Facebook para que proporcionara a los juzgados información sobre su actividad en la red social.
De las 35 personas detenidas, 27 denunciaron haber sufrido malos tratos y torturas durante la detención. La denuncia fue interpuesta el 20 de diciembre de ese año, pero como única respuesta ha recibido silencio. Ocho años después, según confirma a El Salto Sanz de Bremond, no se ha hecho ninguna diligencia de investigación sobre los malos tratos y torturas sufridos por los detenidos de Rodea el Congreso.
