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Interior pagará una indemnización a un periodista que fue agredido por la policía en el Jaque al Rey
La sentencia de la Audiencia Nacional reconoce la responsabilidad del Estado en los daños sufridos por el periodista M.M., a pesar de que la causa penal fue archivada por la prescripción de la falta debido al retraso en resolver de la Audiencia Provincial de Madrid.
El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 6 de la Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio de Interior a pagar 1.771,45 euros más intereses y costas al fotoperiodista M.M. por las agresiones que sufrió a manos de la policía cuando grababa una detención durante la convocatoria de Jaque al Rey, el 29 de marzo de 2014. Lo hace tras “más de cinco años de odisea judicial”, según destacan desde la Comisión Legal Sol, que ha llevado la representación judicial del fotoperiodista, en un comunicadohecho público hoy.
“Estamos muy contentas porque se ha conseguido que se indemnice, pero este caso nos parece, como tantos otros, muy significativo de la impunidad de las agresiones policiales”, afirma a El Salto Eric Sanz de Bremond, abogado de la Comisión Legal Sol.
M.M. denunció, junto a otros compañeros del ámbito de la comunicación, haber sido agredido durante la manifestación del 9 de marzo cuando grababan la detención de uno de los manifestantes, impidiendo que hiciera su trabajo y vulnerando su derecho fundamental a emitir y recibir información. A pesar de que se presentaron vídeos en los que se mostraban las agresiones sufridas, de que varios testigos declararon sobre las mismas y de las tasaciones del material de trabajo dañado a causa de las agresiones, el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid archivó la investigación, en octubre de 2014, después de que el jefe de la unidad de antidisturbios de la Policía negara tener “conocimiento ni constancia de que sus agentes hubieses producido lesión alguna”. La Comisión Legal Sol recurrió el archivo a la Audiencia Provincial, que en enero de 2015 estimó el recurso y ordenó abrir diligencias de investigación sobre varios agentes a los que se le podía reconocer fácilmente en los vídeos. “Sin embargo, no consideró que hubiese indicios de delito de impedir el ejercicio de un derecho [en referencia al derecho a la libertad de información] alegando ‘la falta de unas alusiones expresas a la labor de ejercicio del periodismo por parte de los golpeados’”, señalan desde la Comisión Legal Sol, subrayando que, a diferencia de los agentes de Policía, que no llevaban su número de identificación, los periodistas sí portaban su acreditación profesional visible. La Audiencia Provincial respondió a esta cuestión muy tarde, ocho meses cuando las faltas prescribían a los seis meses de paralización de la causa.
El Juzgado de Instrucción absolvió a los policías acusados por prescripción de las faltas de las que se les acusaba pero en la sentencia incluyó como hechos probados las agresiones sufridas por M.M. Esto hizo que desde la Comisión Legal Sol pudieran reclamar al Ministerio de Interior la indemnización por los daños sufridos a manos de sus agentes de Policía. “Hicimos una reclamación administrativa, yo pensaba que no nos iban a poner problemas, pero tuvimos que ir a la Audiencia Nacional”, explica Sanz de Bremond.
La resolución de la Audiencia Nacional ha dado la razón a la Comisión Legal Sol, reconociendo el derecho de M.M. a ser indemnizado con 1.771m 45 euros más intereses y costas y la responsabilidad del Estado.
“Este caso evidencia las diferencia de trato y la dificultad añadida que se tiene cuando se es agredido por un funcionario de policía”, señala Sanz de Bremond. Desde la Comisión Legal Sol apuntan como los principales escollos que se repiten en los casos de agresiones policiales que los policías no vayan correctamente identificados, ya que, en este caso, como en tantos otros, los agentes no llevaban visible su número de placa. También la falta de investigación por parte de la propia Policía, que se negó a identificar a los agentes que agredieron a prensa, y pro parte del propio Juzgado de Instrucción, que en un primer momento archivó la causa solo por la negativa a identificar a los agentes por parte de la UIP. Por último apuntan la falta de protección del derecho a la información. “Ni Fiscalía, ni la jueza de Instrucción, ni la Audiencia Provincial consideraron que nada tenían que ver las agresiones a los reporteros con su derecho a la información”, concluyen desde la Comisión Legal Sol.
