El centro social okupado La Casika, al borde del desalojo

El centro social okupado y autogestionado La Casika se encuentra al borde del desalojo. Tras 16 años de funcionamiento, esta okupa, situada en el municipio madrileño de Móstoles, se enfrenta quizás al momento más difícil de su historia.

Actualmente, el centro tiene dos procesos judiciales abiertos: uno administrativo, iniciado en 2011, por el cual el Ayuntamiento pedía el cese de las actividades; y otro civil, emprendido esta vez por los propietarios del inmueble, cuya notificación llegó a dos activistas del municipio el pasado 5 de diciembre -casualmente, día del aniversario de La Casika- y por el que se exige el desalojo del centro, la devolución del edificio a los demandantes, que se responda por “los frutos percibidos y los daños causados” a través de una caución de 18.000 euros y la imposición de las costas procesales a los demandados. En la demanda viene adjunto además un informe de un arquitecto que valora “los daños” del inmueble en 69.000 euros.

Esto quiere decir que las dos personas citadas a declarar deberán pagar previamente 18.000 euros entre ambas para que pueda celebrarse el juicio, fijado para el 23 de enero. En caso de no recaudar esta especie de fianza, no podrán defenderse. Por otro lado, aunque pueda realizarse en juicio, si se falla a favor de la acusación y se ratifican los daños calculados en el informe, los imputados deberán hacerse cargo de los 69.000 euros.

Ante esta situación, desde La Casika se preguntan por qué la Policía ha atribuido a esas dos personas la responsabilidad del funcionamiento de un centro de se gestiona de manera asamblearia y en el que participan multitud de individuos y colectivos.

Pero no es la única duda que suscita el procedimiento; las personas que participan en el centro social no logran comprender tampoco cómo es posible que en la demanda vaya adjunto un informe de un arquitecto que valora “los daños” del inmueble en 69.000 euros, cuando, según dicen, jamás ha entrado nadie para realizar un peritaje pormenorizado.

En este sentido, desde el centro alegan que, en realidad, la gente que okupó el inmueble hace 16 años no hizo sino adecentar un lugar que se encontraba abandonado y medio derruido, por lo que no tiene sentido hablar de “daños”.

A pesar de la confusión que el contenido de la demanda ha generado en el entorno de La Casika, activistas, colectivos políticos y sociales de Móstoles ya se han metido de lleno en una campaña de información y concienciación para difundir el conflicto y conseguir toda la ayuda posible. “Os pedimos que saquéis la genialidad y la solidaridad que tenéis dentro para hacer frente a esta batalla”, reza el comunicado de la okupa, que ya ha establecido un número de cuenta para recaudar aportaciones económicas.

La campaña de difusión está construyéndose sobre la marcha a través del boca-oído y de comunicados de apoyo que distintos colectivos políticos han sacado. No obstante, ya hay fijadas dos fechas de movilización: una manifestación convocada para el 18 de enero a las seis de la tarde que recorrerá las calles de Móstoles y una concentración en los juzgados de la localidad el día 23 de ese mismo mes, fecha en que declaran los dos imputados.