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Ayuso quiere dinamitar los servicios públicos con la ley ómnibus: ¡Hay que impedirlo con la moviliza
La denominada “Ley Ómnibus” es un cóctel de medidas que supone la derogación o modificación de al menos 33 leyes y 5 decretos, con un total de 45 normas afectadas con enorme trascendencia social y económica. Pero todo con un mismo leitmotiv: privatizar, desregular y liberalizar los servicios públicos.
El anteproyecto de ley fue aprobado por el Gobierno autonómico con nocturnidad y alevosía en plenas Navidades y con la Covid disparada. El anteproyecto de Ley de Medidas Urgentes para Impulsar la Actividad Económica y la Modernización de la Administración, rimbombante nombre de la “Ley Ómnibus”, sufrió un acelerón táctico, al ser aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en plenas Navidades, dejándola así lista para su futuro paso por la Asamblea de Madrid, y enfilando ya hacia su más que probable aprobación para la primavera o como mucho el próximo verano.
Fue presentada en sociedad con carácter de urgencia y en medio de las fiestas, lo que hizo que lograra pasar bastante desapercibida para el común de los mortales. Y, además, reduciéndose a tan solo 7 días hábiles, la mitad de los períodos normales, el plazo de alegaciones ciudadanas, algo enormemente grave y clarificador de las verdaderas intenciones de Ayuso. Cuando se trata de una norma de enorme trascendencia para el futuro en materias muy sensibles, tanto en relación con servicios públicos esenciales (sanidad) como a la especulación inmobiliaria (ley del suelo), urbanismo, medio ambiente, regulación del transporte, control de las cuentas públicas, la caza, las casas de apuestas, etc.
El núcleo duro de los cambios propuestos relajará en general los procedimientos de gestión y control, garantizando una mayor velocidad en los trámites administrativos y, sobre todo, mayores prerrogativas gubernamentales. Todo para facilitar concesiones de todo tipo y, sobre todo, pelotazos y privatizaciones de servicios públicos, fomentando la denominada colaboración público-privada (algo que también impulsa decididamente el Gobierno “progresista”), auténticas bicocas para los negocios de los empresarios amigos y satélites circundantes.
Parece obvio que la presidenta Ayuso ha impulsado ahora esta hiperactividad legislativa y normativa, además lo ha hecho tras la exitosa aprobación de los primeros presupuestos generales para 2022 del absoluto agrado de Vox –con fuertes ataques a la escuela pública, la sanidad, el colectivo LGTBI, o las mujeres que padecen violencia machista–, como carta de presentación del fuerte perfil neoliberal que pretende impregnar a su gobierno. Marcando el terreno dentro del propio PP para el triunfo de las tesis más trumpistas sobre las que pretende construir su futuro asalto a la cabeza del partido o, al menos, a la imposición de su agenda política a la ofensiva y sin complejos sobre los derechos económicos y sociales de las clases más humildes.
Infame ley: popurrí de privatizaciones, desregulaciones y liberalizaciones
El proyecto de ley que fue informado favorablemente durante las Navidades por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aborda multitud de áreas sensibles social y económicamente. Sin embargo, se ha hurtado del control y la participación ciudadana dejando el período de consulta pública reducido al mínimo indispensable. Algo totalmente inventado y sin ninguna justificación, después de un Gobierno que durante más de dos años no hizo una sola modificación legal ni fue capaz de aprobar ningún presupuesto, durante prácticamente la mitad de su mandato.
Pero veamos algunas de las lindezas que se desprenden de todo ese cuerpo normativo que la derecha más rancia del PP, con ligazones directas a Vox, pretende que se impongan en Madrid.
En primer lugar, un área muy destacada de las reformas emprendidas por la “Ley Ómnibus” afecta la modificación de la Ley del Suelo. De hecho, el Gobierno de Madrid la ha descrito como una mejora “ambiciosa y liberalizadora” que “favorecerá el dinamismo empresarial y las iniciativas emprendedoras”. Y solo habría que decir que desde luego lo es al facilitar los pelotazos urbanísticos y la especulación a niveles desconocidos incluso en la Comunidad de Madrid. Algo tremendamente complicado si tenemos en cuenta operaciones urbanísticas, muchas avaladas por cierto por Podemos y Más Madrid, como Madrid Distrito Norte, y desarrolladas impunemente en nuestro suelo. Por si esto fuera poco se incide en que además se quiere “generar más seguridad jurídica entre los inversores, evitando interpretaciones divergentes”, es decir, dejar atado y bien atado incluso cualquier posibilidad de acudir con éxito a los tribunales para parar cualquier desmán urbanístico. Una ley de la selva de la promoción del suelo de la Comunidad de Madrid que, además, afectará, incluso a zonas especialmente protegidas que pasan a ser objeto también de posibles acciones especulativas.
Se facilitará enormemente la tramitación de licencias urbanísticas de modo que lo que antes podía tardar un año en tramitarse, ahora se podrá solucionar en apenas dos meses. Con los desmanes urbanísticos que ya sabemos se vienen produciendo, ahora, será barra libre para los proyectos urbanísticos. Sobre todo, si viene bajo la calificación de “Proyectos de Alcance Regional” que convertirá automáticamente su desarrollo en una autopista administrativa, para beneficio de unos pocos, evidentemente. La sostenibilidad y el impacto medioambiental, social y urbanístico lo dejamos mejor para otro momento.
Se van a modificar 10 artículos de la Ley del suelo para posibilitar la edificación en terrenos protegidos, se permitirá aumentar la edificabilidad, o legalizar hoteles y explotaciones hosteleras en vías pecuarias. Incluso se termina con la obligatoriedad de ceder terreno de los promotores a los ayuntamientos para ubicar los servicios públicos, al poder ser transformada por un importe en dinero. Un auténtico escándalo que degradará los espacios públicos y el urbanismo de las ciudades y pueblos. Para rizar el rizo, incluso se autorizará a las entidades privadas, bajo el paraguas de la colaboración público-privada, la posibilidad de que las licencias urbanísticas de construcción o la verificación de los usos del suelo lo hagan empresas privadas colaboradoras, sin más trámite que la ratificación correspondiente por los servicios municipales.
Otra medida con importante incidencia sobre los servicios públicos que deja abierta la “Ley Ómnibus” es la creación de la Agencia de Contratación Sanitaria. Una agencia que contratará todos los servicios externos a la Sanidad Pública y que quedará al margen del control parlamentario y de los colectivos sociales y profesionales, haciendo absolutamente opaca su gestión. Una herramienta enormemente peligrosa que puede disparar los grandes negocios de la sanidad privada, como hemos visto durante la propia pandemia, cuando han inflado los costes por día en UCI de los ingresados desde lo público por covid-19. O la especulación con los test covid, las mascarillas o los servicios de laboratorio, por citar solo algunos ejemplos, y cuando la situación era de guerra sanitaria total. Antesala, además, de lo que puede ser un nuevo impulso de las privatizaciones en el sector sanitario.
Pero hay muchas más modificaciones también muy llamativas. La rebaja de la mayoría de dos tercios a una mayoría simple para la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas. Cuando ya sabemos cómo rechazó la Cámara de Cuentas investigaciones de corrupción del PP de Madrid por los votos de sus elegidos, ahora con menores garantías los escándalos pueden ser mayúsculos.
En el transporte, habilitando las concesiones de VTC y abriendo el negocio del transporte urbano aún más a la iniciativa privada super explotada, aunque en el taxi también, y desregularizada para los grandes negocios de las empresas tecnológicas en este campo.
También se liberaliza aún más la caza, el juego, las carreteras y muchas más materias con trascendencia social y económica, facilitando en todos los casos los negocietes y los pelotazos de todo tipo para las grandes empresas y el enriquecimiento sin límites de las grandes fortunas. Todo ello, en un contexto en el que acaba de saltar el escándalo del exnovio de la expresidenta que ha sido contratado en una empresa de tecnología sanitaria como ejecutivo, siendo peluquero, que recientemente ha multiplicado su facturación de la Administración, pasado de pocas decenas de miles, hasta el medio millón de euros.
Es necesario impulsar acciones unitarias, combativas y de lucha en la calle contra la “Ley ómnibus”
Hasta 40 organizaciones sociales –entre las que se encuentran la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, sindicatos como CCOO, UGT, CGT, CSIT, MATS, SUMMA T, Plataforma de Centros de Salud, además de organizaciones sociales, ecologistas y vecinales– han denunciado el plazo mínimo que la Comunidad de Madrid ha dejado para hacer alegaciones, algo que consideran inaceptable ante “la complejidad, la trascendencia y los efectos del anteproyecto sobre la sociedad madrileña”. Por lo que se cuestiona que haya habido una participación “real y efectiva, según establece la regulación de la participación de la ciudadanía en el procedimiento de elaboración normativa”, según señalaban en un documento presentado a primeros de enero por estas organizaciones.
Sin embargo, más allá de los aspectos formales, lo que hay que hacer con urgencia es levantar un calendario programado y unitario de luchas en la calle mediante asambleas democráticas en los barrios, centros de estudio y lugares de trabajo que se proponga de manera decidida tirar abajo la “Ley Ómnibus”, levantado un programa de emergencia social y sanitaria en defensa y calidad de todos los servicios públicos. Aumentando las inversiones, el empleo y los cánones de calidad, y poner todo ello bajo control de trabajadores y usuarios. Defendiendo también la nacionalización de los sectores públicos esenciales como sanidad, educación, servicios sociales, etc. para que la crisis la paguen, esta vez sí, los capitalistas.
