Ante las protestas, más privatizaciones

Las manifestaciones por la educación pública en Madrid han llegado a su fin por este curso. A pesar del importante nivel de movilización, el avance de las medidas privatizadoras no cesa.

“Hoy, en la Comunidad de Madrid, está concertada el 75% de la enseñanza obligatoria, más del 50% de la educación infantil, el 50% de la formación profesional reglada”, explica Alfredo Grimaldos en el libro recientemente publicado "Esperanza Aguirre, la lidereS.A.". Un texto que se publica cuando está a punto de terminar un curso marcado por los actos en defensa de los servicios públicos en Madrid. Y cuando la Comunidad anuncia nuevos recortes para el próximo curso.

También a finales de mayo, la federación de enseñanza de CC.OO. denunciaba que la Comunidad de Madrid volvía a privilegiar a la educación privada. Según datos de los presupuestos de la Comunidad, mientras la partida de bienes y servicios en centros públicos para 2009 se reduce respecto al año pasado en 5,9 millones, en la de los concertados se incrementa en 3,4 millones. Las movilizaciones de diferentes sindicatos han sido continuas, “pero el próximo curso empezaremos con todos los problemas que ya teníamos, más lo que estamos conociendo en los últimos días”, se lamenta Rafael Santo Tomás de CGT, quien espera que el autoconvencimiento de los profesores de la necesidad de protestas más contundentes y continuadas sirva para frenar este proceso privatizador. Pero si durante este curso alguien se ha llevado la palma por el número de movilizaciones, ha sido el colectivo de educadores infantiles. “Este curso, 35.000 familias madrileñas se han quedado sin plaza pública en centros infantiles”, denuncia Grimaldos en la biografía no autorizada de Aguirre.

Pero tampoco Madrid está sola en la promoción de la educación concertada. “Este proceso resulta de la aplicación de la LOE del PSOE, que fue aprobada con los votos de IU, ERC y PNV. Su gran deficiencia es el reconocimiento de que el derecho a la educación se puede llevar a cabo tanto a través de entidades públicas como privadas. Y eso es lo que está ocurriendo...”, afirma Augusto Serrano, del Secretariado General del Sindicato de los Trabajadores de la Enseñanza (STEs).

De cinco estrellas

Otra novedad para el próximo curso, también anunciada de forma similar en Catalunya, es la reducción de más de 800 plazas de Bachillerato nocturno, “una modalidad a la que recurren personas adultas para terminar sus estudios y jóvenes que quieren mejorar su actual situación en el mercado laboral”, explica Santo Tomás. Y más recortes también sufrirá el año que viene la educación compensatoria, “donde se reducirá el número de los profesores técnicos de servicio a la comunidad”, explica Serrano sobre este colectivo que atiende tanto al alumnado que se puede quedar excluido del sistema educativo como a sus familias. Además, otro año más las plazas públicas también se verán reducidas en la Formación Profesional.

Tres centros segregadores

Y si de novedades hablamos, están previstos tres nuevos centros concertados que segregarán en sus aulas por sexo. Uno en Alcalá de Henares, otro en Alcorcón (que podría ver su apertura retrasada hasta el curso 2010/2011) y un tercero en el madrileño barrio de Usera. La ampliación de centros con espacios diferentes para niñas y niños se une a la gran proliferación de concertados en los nuevos barrios residenciales, donde se instalan de media dos por uno público, según denuncia Grimaldos. Todo ello con las mejores condiciones económicas posibles; en el caso de Alcalá, por una parcela de 23.000 m2 las fundaciones ultracatólicas que lo gestionan pagarán un canon anual de 12.500 euros durante los 75 años que tienen cedido este terreno público. Pero las sospechas sobre nuevos avances privatizadores no cesan, por ejemplo “la concesión de estrellas, como en los hoteles, que midan la ‘calidad’ de los distintos centros”, denuncia CNT.

Las direcciones a dedo, paradas por los tribunales

El curso 2008/2009 comenzaba con una ’caza de brujas’ de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Siete directoras de Escuelas Infantiles, que el anterior curso se habían opuesto a la nueva legislación que confería a la Consejería la posibilidad de nombrar “a dedo” a algunas nuevas direcciones de determinadas Escuelas Infantiles, fueron destituidas de su cargo. Ahora, el 20 de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado una sentencia que obligaría a la nueva selección de las direcciones de las Escuelas Infantiles. Aunque este dictamen es recurrible por el Gobierno de Aguirre. “La sentencia obliga ahora a la Consejería a publicar una nueva normativa, o modificar la Orden mencionada, y proceder a seleccionar de nuevo a las direcciones de las Escuelas Infantiles que fueron nombradas en septiembre pasado apoyándose en el artículo anulado por la sentencia”, afirma la FAPA Giner de los Ríos, quien había interpuesto la denuncia ya que estas medidas vulneraba la LOE en dos de sus artículos.

Problemas más allá de Madrid

La LEC, más privatizadora

El 10 de junio los sindicatos USTEC-STEs, CC OO, ASPEPC-SPS, FETE-UGT y CGT vuelven a protestar en las calles de Catalunya. Tras un curso con tres grandes huelgas y manifestaciones que pusieron contras las cuerdas al conseller Maragall, este ha decidido buscar su apoyo en Convergencia i Unió, en vez de seguir negociando con la comunidad educativa, según denuncian los convocantes.

"Ahora la LEC tiene un mayor matiz privatizador, se amplian los conciertos al nivel 0-3 años, al Bachillerato y al FP. Además se contempla dinero público para la construcción de centros concertados", explica Rosa Cañadell, de USTEC·STEs. "También estamos en guerra por la ampliación del horario lectivo, en vez de contratar a más profesores. Es una congelación de plantilla encubierta, ante lo que varios centros y claustros ya han manifestado que no lo van a aceptar", concluye Cañadell.

¿Nuevas movilizaciones?

Tras el desalojo de 40 profesores encerrados en el instituto Jovellanos de Gijón, los sindicatos han abierto la posibilidad a nuevas movilizaciones antes del final de este curso exigiendo la convocatoria de las mesas sectoriales, donde se planifiquen todas las cuestiones laborales de los docentes, y la eliminación del Plan de Evaluación, que se limita únicamente al profesorado. “A esto los profesores nos hemos negado; la evaluación debe ser del sistema completo (los recursos, las notas evaluadas en función del contexto de los alumnos, el tiempo que tarda en llegar un sustituto cuando hay alguna baja de personal”, explica Augusto Serrano de STEs. Una situación que también se ha producido en Andalucía, donde algunos planes del centro recogían una modificación salarial por la que en función del porcentaje de aprobados el sueldo se veía modificado.

Pasos atrás y adelante

Una de las mayores movilizaciones en el País Valencià de los últimos años fue la del 28 de abril en defensa de la educación pública. “Por primera vez la huelga no fue convocada en exclusiva por los sindicatos de profesores, las asociaciones de padres y madres de alumnos apoyaron que sus hijos no fueran a clase”, explica Augusto Serrano, del STEs. A pesar de ello, este curso terminará con el único logro temporal de que Educación para la Ciudadanía no se imparta en inglés, ya que se podría volver a impartir el próximo curso. Además, se sigue priorizando la red concertada, se mantienen aulas en barracones y existe un importante dirigismo político en los nombramientos de los responsables de centros y de las juntas. Por este último motivo, el 10 de junio hubo una concentración en Monfort, por las represalias contra profesores y centros que se han opuesto a las medidas de la Consellería.

Diagonal