Acción de denuncia a tres años de la muerte de Samba Martine en un CIE
Tres años después de la muerte de Samba Martine en el CIE de Aluche, los colectivos y organizaciones que forman la Campaña estatal por cierre de los CIE recuerdan que el procedimiento sigue abierto y que es necesario seguir vigilantes para que se depuren responsabilidades a efectos de garantizar la no repetición de situaciones como ésta.
El 19 de diciembre de 2011, moría en el CIE de Aluche Samba Martine.
Llegó allí 38 días antes, el 12 de noviembre de 2011 procedente del Centro de Estancia Temporal (CETI) de Melilla dónde había sido diagnosticada de VIH. 38 días en los que requirió asistencia médica, al menos, en diez ocasiones, no siendo atendida siempre por médicos y sin que en ningún momento se le practicara ninguna prueba diagnóstica alguna tendente a averiguar qué era lo que le ocurría a pesar de la existencia de dos informes de especialistas que destacaban la presencia de indicios de infección por VIH. Tan sólo en una ocasión la asistió un intérprete.
El pasado mes de enero, la Audiencia Provincial de Madrid, en Auto de 13/2014 ordenaba la reapertura de la causa penal por la muerte de Samba Martine, estimando así los recursos interpuestos por la acusación particular; la familia de Samba y por la acusación popular ejercida por SOS Racismo Madrid, la Red de Apoyo Ferrocarril Clandestino y la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO). La Audiencia Provincial de Madrid es tajante, si “hubiera recibido en ese centro el tratamiento para la criptococosis derivada del sida que padecía habría sobrevivido casi con total seguridad”
Ahora, y tras la reapertura del procedimiento, han sido imputados tres médicos y dos sanitarios, así como la jefa del servicio médico Sermedes, empresa privada encargada de la gestión de la atención sanitaria en el CIE de Aluche y en resto de centros de internamiento para extranjeros del Estado en 2011.
Recientemente, el mismo Juzgado libró una comisión rogatoria a Paraguay a efectos de tomar declaración en calidad de imputado a uno de los médicos. Con la toma de declaración del médico se daría por cerrada la fase de instrucción y el juez decidirá si se abre juicio oral o se decreta el sobreseimiento del caso.
Violación de derechos
Desde la Campaña estatal por el cierre de los CIE recuerdan que cuándo el Estado priva de libertad a las personas se convierte en el garante de sus derechos, especialmente de su vida y su integridad física y que el caso de Samba Martine, lejos de ser una excepción demuestra que no se están garantizando los derechos de las personas en los internamientos. Recuerdan asimismo que la lesión del bien jurídico tiene lugar en un contexto de privación de libertad bajo la custodia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y que por tanto y según reiterada jurisprudencia constitucional, existe un especial mandato de investigar.
Precisamente, el viernes 19 de diciembre varias activistas han desplegado una pancarta en un autobús turístico en la que podía leerse: “Murió en un CIE sin atención médica #JusticiaParaSamba”. El objetivo de la acción, según las activistas, consistía en “llevar al corazón de la ciudad la historia sileciada de Samba, denunciando el inhumano trato que recibió y reclamando justicia, en segundo lugar, evidenciar el contraste entre esa “marca” Madrid, que tratan de vender a los turistas, frente a la realidad de la exclusión sanitaria y los Centros de Intenramiento de Extranjeros”. El autobús ha entrado por la puerta de Alcalá a Sol y ha seguido circulando con la pancarta desplegada hacia la Carrera San Gerónimo, ante los sorprendidos viandantes que fotografiaban la escena.