Interior niega ahora haber ordenado retirar banderas republicanas en la proclamación de Felipe VI

Durante la proclamación de Felipe el VI el pasado 19 de Junio la policia impidió la exhibición de banderas y símbolos republicanos, confiscándolas e identificando a 41 personas y deteniendo a otras 11. Este hecho provocó la interposición de una querella criminal por parte de la Coordinadora 25S  contra Cristina Cifuentes Cuencas (Delegada del Gobierno en Madrid), Alfonso Fernández Díez (Jefe Superior de Policía Nacional) e Ignacio Cosidó Gutiérrez (Director General de Policía), por delitos relativos al ejercicio de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, y por delitos contra los derechos Individuales y de detención ilegal.

El pasado 10 de octubre dicha querella fué admitida a trámite por parte del juzgado de Instrucción Nº 52 de Plaza de Castilla, que ahora está tratando de identificar que responsable político dió la oden. En la víspera de la proclamación la policía informó que un informe de la abogacía del estado aconsejaba prohibir las banderas y símbolos republicanos "para mantener el orden público". Después la policía se desdijo, diciendo que no había sido la abogacía del estado, sino de los servicios jurídicos de la policía. La jueza ha solicitado a la policía dicho informe, que le ha respondido que no elaboró el citado documento. Tras esto, Doris Benegas, abogada de la Coordinadora 25S ha solicitado a la juez que se diriga a la Abogacía del estado y a Delegación de Gobierno para esclarecer de qué responsable político partió dicho informe y la orden de retirar símbolos republicanos.

Por su parte, el gobierno ha respondido ante la petición de explicaciones que le hizó IU que “la retirada de banderas republicanas a lo largo del recorrido no formaba parte del objeto del operativo”.

Así las cosas, parece que Policía, Delegación de gobierno, Ministerio de Interior y Abogacía del estado están pasandóse la pelota unos a otros intentando ocultar la responsabilidad de quién ordenó dicha actuación policial. 

El hecho es que ese día, derechos fundamentales como el derecho a la libertad de expresión, a la libre circulación, a la libertad ideológica fueron pisoteados por una razón política carente de ninguna justificación: evitar que se visualizará el creciente rechazo a esta monarquía impuesta y heredera del franquismo.