En el recuerdo y el compromiso, 34 años del asesinato de Jorge Caballero Sánchez

“El 28 de marzo, (1) frente al cine Azul, en la Gran Vía madrileña, un grupo de extrema derecha apalea y apuñala a Jorge Caballero Sánchez, de 21 años, que muere quince días después. El joven sale del cine con su novia cuando un grupo de ultras se abalanza sobre él. Lleva una insignia con la A dentro de un círculo, el símbolo anarquista. El presunto autor de la muerte es declarado en rebeldía y los otros dos implicados son puestos en libertad provisional a los dos meses, tras depositar sendas fianzas de sólo 25.000 pesetas, que son abonadas por Fuerza Nueva. Se­gún se deduce de los careos efectuados durante la investigación, los par­ticipantes en el asesinato de Jorge Caballero son diez miembros de Fuer­za Joven. La policía sólo consigue detener a nueve de ellos. El décimo y presunto autor del asesinato, José Antonio Llobregat Ferré, se encuentra, desde el momento de iniciarse la investigación, en paradero desconocido. En unas declaraciones efectuadas a la revista Cambio 16, otro de los inte­grantes del comando criminal, Juan Miguel Gómez González, alias «Masa», sostiene que la fuga de Llobregat, alias «el Loco», ha sido organi­zada por Ricardo Alba, subjefe nacional de Fuerza Nueva en esas fechas.

Instruye el sumario el entonces titular del Juzgado de Instrucción número 2, Luis Lerga, un hombre considerado de talante liberal, que procesa sólo a cinco de los implicados. Cuatro, inicialmente: los citados Llobregat Ferré y Gómez González, además de Fernando Saliquet de la Torre y José María Vargas Villalba. Con posterioridad, también incluye a Felipe Queipo Zimmermann, cuya presencia en el lugar del asesinato ha sido ocultada a lo largo de las primeras declaraciones. También están implicados en el asesinato Antonio Pagazartundía Irache, Pascual García Porras y los hermanos Miguel Ángel y Javier Fernando Masía Linaza.

Los problemas comienzan cuando el expediente se traslada a la Sec­ción Primera de la Audiencia Provincial, que dilata enormemente la tra­mitación del caso y, al final, levanta el procesamiento de Queipo y Sali­quet, dos ultraderechistas miembros de familias militares. Esta Sección, presidida en el año 1980 por Francisco Alberto Gutiérrez y de la que también forman parte Carlos Díaz Aguado Fernández y Andrés Martí­nez, tiene fama de «ultra» entre los letrados demócratas. Estos magistra­dos fijan la fianza para el ejercicio de la acción pública en 3.400.000 pe­setas, que deben ser depositadas en el plazo de dos semanas. «Eso fue una muestra evidente del poco interés que tenían para que la acción prosperase», recuerda la letrada María Ángeles López, que encabezó la acusación. «Pudo verse claramente por contraposición con la cantidad que impuso el juez Auger en el caso de los estudiantes muertos por la policía en Embajadores, que fue sólo de mil pesetas.» Con el levanta­miento del procesamiento a Queipo y Saliquet -este último nieto de un almirante franquista- se cargan las responsabilidades del asesinato en el individuo fugado y en los dos elementos con menos respaldo «familiar» del grupo: «el Masa», una especie de salvaje, entre lumpen y nazi, que se meterá más tarde en la delincuencia común, y Vargas Villalba, alias «el Jerezano», hijo de un jornalero andaluz, el débil del grupo, que acaba de­nunciando al juez las presiones de las que es objeto para cargar él solo con el muerto, por parte de sus compañeros de celda y sus abogados, los hermanos Muñoz Perca. Uno de ellos, Antonio, yerno de Blas Pinar de­fiende también a los asesinos de Yolanda González.

En 2001 conseguimos localizar a Vargas Villalba en un pueblo de Galicia, donde sobrevive a salto de mata, y nos relató su versión de los hechos: «Los policías nos apoyaban, tenían gran simpatía hacia nosotros. Es evidente, porque incluso cuando yo fui detenido, me comentaron que ya nos tenían más que superlocalizados, pero que, claro, al haber sido la cosa tan grave no habían tenido más remedio que actuar, porque los habían presionado. A mí, la Guardia Civil, cuando estaba esposado en la Plaza de Castilla, al enterarse de que yo era de ultraderecha, me han quitado las esposas e incluso me han invitado a vino. Y lo que sí es cierto es que, más de una vez, en nuestras correrías nos ha acompañado algún guardia civil joven. Algunos de ellos venían bastante por la sede de Fuer­za Nueva de Mejía Lequerica», añadió. «Y el que estaba siempre allí era Lorenzo Sanz, que luego ha sido presidente del Real Madrid.»

«El auto estaba dirigido y redactado para responsabilizar única y ex­clusivamente a la persona ausente, como era habitual en casos como éste», señala la letrada Ángeles López. «En él no se hablaba de asesinato, sino de homicidio, que es un grado inferior. Y de los careos se deduce que Jorge fue objeto de un ataque colectivo con palos de kárate, porras, machetes de monte y otros medios naturales, cuando no esperaba ni sos­pechaba agresión alguna.» El principal culpable del asesinato sigue sin aparecer. En dos ocasiones, Interpol Austria se comunica con la policía española desde Viena, pidiendo instrucciones porque ha localizado allí a Llobregat. En ambos casos se deja correr el tiempo sin contestar ni avisar a la acusación privada. Los dos únicos cómplices del asesinato procesa­dos son condenados a pagar una multa de 50.000 pesetas, «por desórde­nes públicos». En el texto de la sentencia, dictada el 5 de junio de 1987, el juez ponente, Carlos Entrena, antiguo miembro del Tribunal de Or­den Público franquista, ni siquiera menciona la condición de ultraderechistas de los acusados. Olvida el hecho de que «el Masa» es jefe de cen­turia de Fuerza Joven y que Llobregat había amenazado con su machete a los transeúntes en varias ocasiones antes de asesinar a Jorge. Otro cri­men sin castigo.”

Tomado de La sombra de Franco en la Transición de Alfredo Grimaldos. OBERON 2004

(1) Durante el gobierno de Adolfo Suárez, que fuera Ministro Secretario General del Movimiento, y siendo ministro del Interior el militar Antonio Ibáñez Freire, que fuera voluntario en la División Azul.